Reynoso fue trasladado a la cárcel de Güemes

El ex juez federal de Orán fue trasladado al penal en el que cumplirá la pena que podría llegar a los 18 años según el pedido del fiscal. En diciembre comenzará el juicio por una tercera causa.
Judiciales28/10/2026

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El ex juez federal de Orán Raúl Reynoso fue trasladado a la cárcel federal de Güemes, donde quedará alojado a la espera de que se resuelva el pedido de unificación de penas por dos causas relacionadas a beneficiar a narcotraficantes con medidas judiciales. 

 Es el último tramo de un recorrido que comenzó hace diez años, en el 2016, con la primera detención del exjuez y que comienza a tener un final con la decisión de la Corte Suprema de dejar firme las condenas del 2019 y la del 2024. Al menos finalizará esta parte, ya que la causa Reynoso III tendrá su juicio en diciembre, así lo informaron fuentes de la justicia federal a Aries.

Desde la decisión que la Corte tomó hace dos semanas, el exjuez estuvo alojado en el Escuadrón 45 de Gendarmería en Orán. Ahora ya fue trasladado a Güemes.

Las causas

Reynoso tiene dos condenas firmes: una de 13 años y otra de 5. El pedido de la fiscal Carlos Amad es que la unificación sea por la suma aritmética de 18 años.

La primera causa expuso un esquema de cobro de dinero y dádivas a cambio de resoluciones favorables a imputados por narcotráfico y contrabando en el Juzgado Federal de Orán. El 26 de marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, integrado por Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, condenó a Reynoso a 13 años de prisión efectiva, inhabilitación especial por 35 años para ejercer como magistrado y multa. Lo consideró autor de siete hechos de concusión en concurso ideal con seis de prevaricato.

Reynoso había sido detenido el 1 de mayo de 2016. En octubre de 2023, con los plazos de la prisión preventiva vencidos y la sentencia aún no firme, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 le concedió la excarcelación. El TOF 1 estaba por entonces integrado por Domingo José Batule, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz. La condena fue ratificada  posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme en marzo de 2024, cuando la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa.

La segunda condena, y la que recientemente la Corte dejó firme,  fue por favorecer al narcotraficante Reynaldo Delfín Castedo en diferentes medidas judiciales, incluyendo una indagatoria que firmó un impostor. En esa causa también se incluyó la exigencia de dádivas al comerciante Pablo Elías Torres, mediante pagos canalizados hacia una fundación.

Por estos hechos, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a Reynoso el 20 de agosto de 2024 a cinco años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el mismo término y una multa de 90.000 pesos, por cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica y concusión. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 17 de junio de 2025 y, el 14 de octubre de 2026, la Corte Suprema dejó firme la condena.

En el mismo expediente fueron condenados Castedo, a tres años de prisión, y su abogado Luciano Ciscato, a dos años y seis meses de ejecución condicional. Antes de esa condena, el Tribunal Oral Federal 2 había absuelto por el beneficio de la duda a los tres en un primer juicio; la fiscalía recurrió en casación, ganó y se realizó un nuevo debate que culminó ahora con la decisión que la Corte tomó hace unos días.

Tercera causa: el juicio comienza en diciembre

En diciembre comenzará el juicio oral por un tercer expediente, que investiga un presunto soborno de 150.000 dólares para favorecer, también con medidas judiciales (entre ellas dejar caer causa por falta de apelación de la fiscalía), a René Antonio “Choco” Arancibia y Federico Rojas. Según la acusación, 130.000 dólares estaban destinados a Reynoso y 20.000 al entonces fiscal federal de Orán, José Luis Bruno.

La maniobra habría contado con la intermediación del financista Barakat Barakat, condenado por cohecho activo. Bruno recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación por prevaricato, mediante un juicio abreviado en el que se retiró la acusación por cohecho.

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