Iván Luis
Senadores integrantes de la Comisión de Legislación General mantuvieron una reunión ampliada con las máximas autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) para analizar los alcances del proyecto de adhesión al régimen eléctrico nacional que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
El cónclave, encabezado por Dani Nolasco, junto a legisladores de distintos departamentos y los directores del Enresp —Carlos Saravia, Silvina Vargas y Mariano San Millán—, giró en torno al impacto que generaría una adopción sin matices de las modificaciones introducidas por la Nación a la Ley 24.065. Dicha normativa, reformulada inicialmente por el Decreto 450/2025 y ratificada en la Ley 27.828, prohíbe de manera expresa la inclusión de tributos locales, tasas de alumbrado o servicios ajenos a la tarifa eléctrica en las facturas de las distribuidoras, un mecanismo que en Salta afecta de lleno a 36 municipios y al sistema de cobro masivo que utiliza Aguas del Norte para alcanzar a sus 330 mil usuarios.
Durante la exposición, Saravia enfatizó que la Constitución provincial consagra la competencia originaria de Salta en la materia y advirtió que una adhesión lisa y llana desarticularía de inmediato la cobranza conjunta, colisionando además con la Ley Provincial 8,457.
Esta última normativa, sancionada a fines de 2024, ya otorga plena certeza jurídica a los usuarios al facultarlos a optar por el desdoblamiento de pago de los distintos ítems que figuran en la boleta de EDESA, garantizando la libertad de elección sin dinamitar los ingresos fiscales de las comunas.
Por su parte, la directora Silvina Vargas sumó reparos técnicos al alertar sobre la necesidad de excluir también el artículo 71 del régimen federal, el cual pretende imponer una responsabilidad solidaria a las provincias y a los entes reguladores frente a eventuales deudas que las distribuidoras eléctricas mantengan con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
