En la última sesión de la Cámara alta provincial un pedido de informes, que habitualmente tiene un trámite expeditivo, fue discutido y quedó pendiente de resolución su aprobación. La iniciativa fue presentada por el único senador opositor y enervó al oficialismo, que no se manifestó predispuesto a facilitar el acceso a una información que -tal como se hizo notar en el debate- debiera estar disponible para cualquier ciudadano interesado o necesitado de la misma. Cantidad y naturaleza de esos bienes son datos que debieran estar en cualquier base digital del Gobierno de la Provincia, es lo que hizo notar Roque Cornejo, representante de la Capital por la Libertad Avanza.
Al fundamentar su requerimiento, el legislador detalló que le parecía fundamental para determinar desde una banca, la viabilidad de “un proyecto ley que ya tiene estado parlamentario relacionado al autofinanciamiento sustentable del Estado Provincial”. No lo precisó pero la referencia era al proyecto de ley sobre Bases y Puntos de Partida para el Progreso y la Libertad de los Salteños, que no descarta vender o privatizar bienes y sociedades estatales deficitarias provinciales. En el planteo emergió la facultad de control que la Constitución le asigna a la Legislatura respecto del manejo administrativo que realiza el Ejecutivo.
En ese punto se manifestó la intención de la mayoría oficialista de dilatar o bloquear la iniciativa. Precisamente fue el titular del interbloque oficialista, que contiene a 22 de los 23 senadores que integran el cuerpo, quien reforzó al control como una de las tareas fundamentales del Poder Legislativo pero de hecho condicionó la obligación de avanzar con los pedidos de informe. Jorge Soto, quien también preside la Comisión de Justicia, enfáticamente aseguró coincidir con el autor del proyecto respecto de la facultad y deber de controlar a menos que esa claridad se enturbie cuando se trata de temas complejos, como dar precisiones sobre bienes que administran poderes diferentes del Ejecutivo. Y propuso enviar la iniciativa a comisión.
Otra vuelta de tuerca la dio el titular de la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto, Enrique Cornejo. A su juicio, como si un legislador no tuviese una carga pública que lo aleja de actuar como un ciudadano común, sugirió que previamente a requerir al gobierno datos básicos de administración, recurra al sistema de información pública.
En ese punto el debate corrió el velo sobre la efectividad de un sistema que transitó los pasillos legislativos provinciales. En noviembre de 2029, se sancionó la adhesión a la Ley Nacional 27.275 de "Derecho de Acceso a la Información Pública". Es un ordenamiento que asegura que cualquier ciudadano no debe encontrar obstáculo alguno para tener la información sobre asuntos de Estado. En enero pasado, por decreto emitido por el Ministerio de Economía se adhirió a las modificaciones realizadas por la gestión libertaria a la norma nacional con el objetivo de generar mayor transparencia y mejorar la calidad de las instituciones. Sin embargo, las disposiciones fueron objeto de cuestionamientos varios, sin que hayan sido atendidos.
Las características del debate pusieron en evidencia una estructura vacía que no facilita alcanzar los propósitos de transparencia, a través de la participación social. Tampoco existe la voluntad política de dar contenido a un esquema que debiera funcionar sin tensar la relación habitualmente difícil entre oficialismo y oposición.
Salta, 09 de octubre de 2026
