La Procuración General emitió nuevas directivas para los fiscales de toda la provincia en investigaciones complejas de organizaciones criminales. Las nuevas normativas se dan a conocer en la misma semana que se fugó el exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez; aunque esta vez fue en el marco de una causa federal.
La resolución, indica el Ministerio Público, se basa en la premisa de que, “a diferencia de los delitos cometidos de manera individual, estas estructuras pueden contar con recursos económicos, distribución de funciones, vínculos entre sus integrantes y redes de apoyo que facilitan la evasión de la Justicia”. A partir de dichas consideraciones que que la sola pertenencia a una organización criminal deberá ser considerada una circunstancia especialmente relevante al evaluar los riesgos procesales.
Qué deberán analizar los fiscales
Para determinar el riesgo de fuga, los fiscales deberán examinar la vinculación de la persona investigada con la organización, el rol que cumple dentro de ella y los recursos o mecanismos de apoyo a los que efectivamente pueda acceder. De este modo, indica el portal oficial de fiscales penales, “la resolución busca que la evaluación se base en datos concretos y no en presunciones generales”.
La directiva también pone la mira en otras formas de interferencia que pueden acompañar a una fuga, como lo es el entorpecimiento a la investigación. Los fiscales deberán prestar particular atención a la capacidad de la organización para presionar, amenazar o intimidar a víctimas y testigos, condicionar su colaboración con la Justicia, y ocultar, modificar o destruir pruebas, o coordinar versiones entre sus integrantes.
Prisión preventiva: cuándo solicitarla
La Procuración indica que cuando existan elementos concretos que acrediten riesgos procesales, y las medidas menos restrictivas no alcancen para neutralizarlos, los fiscales deberán solicitar de manera fundada la prisión preventiva ante el juez competente.
Asimismo, sin embargo, la resolución aclara que esto no implica que toda persona vinculada con una organización criminal deba permanecer detenida durante el proceso. Los investigadores y acusadores deberán analizar la pertenencia a estas estructuras junto con las circunstancias particulares del caso, la participación individual del investigado y los riesgos efectivamente identificados.
