Victoria López Núñez
La Corte Suprema de Justicia aceleró los tiempos para resolver un nuevo planteo judicial contra la derogación de la Ley de Tierras, que establecía restricciones a la compra de campos argentinos por parte de extranjeros. El máximo tribunal decidió reducir de 72 a 24 horas el plazo para que las partes puedan objetar la incorporación de dos conjueces, en un expediente que podría modificar nuevamente el escenario legal.
Los magistrados convocados son Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos fueron designados para completar la integración del tribunal, luego de que sus tres miembros titulares no alcanzaran los votos necesarios para resolver el nuevo planteo.
La causa cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. Esa normativa establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, entre ellos un máximo del 15% del territorio rural en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El expediente fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, junto con otros demandantes, que consideran que la derogación afecta la protección del territorio, los recursos naturales y los derechos de comunidades indígenas.
Uno de los puntos centrales es el pedido de una medida cautelar que, si fuera concedida, podría restablecer temporalmente las restricciones a la compra de tierras por extranjeros. Sin embargo, la Corte todavía no resolvió ese planteo ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación.
La nueva intervención judicial se produce después de que la Corte rechazara un amparo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), al considerar que la entidad no tenía legitimación suficiente para impulsar esa demanda.
Aquella decisión dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, aunque el tribunal aclaró posteriormente que no había resuelto la cuestión de fondo y que otros planteos judiciales podían continuar su trámite.
La controversia también llegó al Congreso, donde sectores opositores buscan rechazar el DNU 70/2023 y cuestionan la eliminación de las restricciones sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.
Con los plazos abreviados y la incorporación de los nuevos magistrados, la Corte quedó más cerca de adoptar una decisión que podría volver a modificar las condiciones para la adquisición de campos argentinos por parte de extranjeros, aunque todavía no existe una fecha confirmada para el pronunciamiento.
