Mariana Frías
Santa Victoria Este reglamentó la ordenanza que prohíbe la comercialización y distribución de alcohol etílico en el municipio y establece un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa.
La medida responde a una demanda planteada por comunidades originarias de Santa Victoria Este y zonas de influencia, que solicitaron avanzar con acciones destinadas a la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La reglamentación contempla diferentes penalidades para quienes incumplan la prohibición. Entre ellas se encuentran el decomiso total del alcohol etílico, multas e inhabilitaciones, además de clausuras en los casos previstos por la ordenanza.
El intendente Rogelio Nerón vinculó la decisión con los planteos realizados por las propias comunidades. “Esta reglamentación responde a una necesidad que nuestras comunidades vienen planteando y nos permite contar con herramientas concretas para controlar la comercialización de alcohol etílico y fortalecer las acciones de prevención y cuidado en nuestro municipio”, sostuvo.
La aplicación de la normativa estará a cargo de la Policía de la Provincia de Salta, a partir de un convenio de cooperación establecido en la reglamentación. La fuerza intervendrá en las tareas de control y en la ejecución de las medidas previstas, en articulación con el municipio.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Mirta Noemí Mejías, señaló que la reglamentación surgió de un trabajo conjunto entre distintos sectores. “Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos acompañamos este proceso porque entendemos que la protección de derechos también implica trabajar sobre las condiciones que afectan la vida cotidiana de las comunidades. Esta reglamentación es el resultado de un trabajo articulado con el municipio y las comunidades, y representa una herramienta concreta para fortalecer la prevención y el cuidado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, afirmó.
Con la reglamentación, el municipio contará con un esquema de control y sanciones para aplicar la prohibición, mientras que la intervención policial abarcará decomisos, sanciones, inhabilitaciones y clausuras contempladas por la normativa.
