Los controles policiales parecían rutinarios: uniformes, conos de señalización, armas reglamentarias y credenciales a la vista. Pero detrás de esa escena de apariencia oficial, según la investigación del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, exigían dinero a los conductores a cambio de no revisar ni secuestrar la mercadería que transportaban.
Por esos hechos, hoy el juez Sebastián Guzmán condenó a Emiliano Alberto Cabrera, Doris Cristina del Milagro Lucena y María Fernanda Sosa Navarro. Fueron condenados en un juicio abreviado como coautores de exacciones ilegales en perjuicio de la Administración Pública (artículos 266 y 55 del Código Penal).
Cómo funcionaba el control
El 19 de agosto, sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción de Las Lajitas, varios conductores alertaron a la Policía. Denunciaron que tres personas uniformadas realizaban un supuesto control vehicular y les pedían dinero para no controlar ni secuestrar la carga.
Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a los tres acusados trabajando en el control, cerca del acceso al Parque Nacional El Rey. El rastrillaje a sus colegas arrojó como resultado una bolsa con más de un millón de pesos oculta dentro de un neumático en desuso en el móvil policial y entre las pertenencias de los efectivos.
También se secuestraron teléfonos celulares, armas reglamentarias chalecos y conos de señalización con los que realizaban los controles ilegales.
El juez Sebastián Guzmán recibió la confesión de los acusados y, con el acuerdo de las partes, los condenó a un año de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. También deberán cumplir reglas de conducta: no cometer nuevos delitos y no acercarse a testigos ni informantes, ni ejercer actos de violencia contra ellos.
