El fraude se descubrió a partir de procesos ejecutivos para el cobro de deudas en la que jueces civiles detectaron los mismos demandantes. La maniobra que describió la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio en la audiencia ante el juez de Garantías, Ignacio Colombo, consistía en el otorgamiento de préstamos usurarios a personas que tenían que resolver situaciones de urgencia.
El requisito que se les exigía en muchos de los casos era la firma de pagarés en blanco, que luego se llenaban con montos distintos a los préstamos otorgados, o directamente se falsificaba todo el documento, incluida la firma y el domicilio de personas que no habían adquirido deuda alguna.
A partir de entonces, el abogado y sus cómplices reclamaban el pago ante los juzgados civiles, que enviaban notificaciones a domicilios falsos, con lo cual muchas personas terminaron con sueldos y otros bienes embargados.
Es decir, que en este caso los engañados fueron los jueces, en el código penal el delito se denomina “estafa procesal”, según el artículo 172. A partir de detectar los posibles ilícitos, los magistrados dieron intervención a la Unidad de Delitos económicos Complejos, del Ministerio Público Fiscal, que realizó la investigación.
El acuerdo y las condenas
El abogado Molina Grondona fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, tres años de inhabilitación especial de cumplimiento efectivo para ejercer la profesión de abogado y una multa de 15 mil pesos. Mirta del Valle López Nogales recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de 15 mil pesos y Jesús Federico Díaz fue condenado a ocho meses de prisión de ejecución condicional.
El acuerdo también incluyó que el equivalente a $300 mil incautado a los imputados fuera repartido entre las 56 víctimas. Si bien el resarcimiento es irrisorio en comparación con la estafa que sufrieron las víctimas, el procedimiento abreviado permitirá que cesen los embargos de manera inmediata, sin la necesidad de esperar dos o tres años hasta que se realice un juicio penal. Claro está que los damnificados pueden continuar por vía civil la devolución de su dinero.
