Iván Luis
La disputa, que escaló de manera vertiginosa en las últimas horas, puso de relieve el pulso abierto entre la administración de Donald Trump y los principales conglomerados informativos del país, en momentos en que la cobertura de eventos de alta jerarquía diplomática se ve amenazada por restricciones discrecionales.
La controversia jurídica, desatada tras una medida cautelar dictada por la justicia federal que ordenaba restituir de inmediato el libre tránsito de los comunicadores, tropezó con una aplicación errática y restrictiva en los controles de seguridad de la mansión ejecutiva, lo que motivó a los afectados a exigir una audiencia judicial urgente.
El trasfondo del conflicto se remonta a la decisión inicial del Ejecutivo de vetar el ingreso de enviados de CNN, Politico y MS NOW bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional, una justificación que el juez Timothy Kelly desestimó de plano al calificarla como un pretexto infundado para castigar coberturas periodísticas críticas sobre temas sensibles como la política exterior y proyectos oficiales.
En su resolución, el magistrado subrayó que la revocación de los pases se ejecutó al margen de las garantías mínimas del debido proceso constitucional, advirtiendo que las autoridades gubernamentales omitieron notificar adecuadamente a los afectados y les negaron cualquier vía de defensa previa.
Mientras la Casa Blanca insiste en que los reportajes previos de los medios demandantes lesionan los intereses institucionales y carecen de veracidad, el litigio promete intensificarse durante las próximas dos semanas con la presentación de nuevas pruebas y argumentos que definirán el alcance real de la libertad de prensa frente a la discrecionalidad del poder político.
(Con información de Ámbito)
