Ivana Chañi
El proyecto de Presupuesto 2027 abrió una nueva discusión en el sistema de discapacidad al proponer que el Nomenclador de Prestaciones Básicas deje de tener valores universales para todos los financiadores, un cambio que prestadores advierten podría generar diferencias en el acceso a terapias y tratamientos.
Actualmente, la Ley 24.901 establece que los aranceles del sistema deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas a cubrir las prestaciones. Esa uniformidad fue incorporada por la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
El artículo 39 del proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar ese esquema: el nomenclador dejaría de contener valores universales y cada ente obligado determinaría los montos en su relación con los prestadores. Para las prestaciones financiadas directamente por el Estado nacional, el proyecto contempla otra modalidad de actualización.
María Elena Arce, directora de la Fundación Anidar, advirtió en Pelo y Barba por Aries que la modificación podría terminar generando prestaciones diferentes según la capacidad de cada obra social, programa estatal o familia para afrontar los costos.
“Cada obra social y cada prestador saldría a negociar cuánto va a cobrar, de más o de menos”, explicó. A su entender, las coberturas con menos recursos podrían terminar reconociendo valores inferiores y limitar los servicios disponibles.
Arce puso como ejemplo también a quienes dependen de programas estatales y sostuvo que el sistema actual busca garantizar que una persona reciba una prestación equivalente independientemente de quién la financie.
“Este paraguas de igualdad de oportunidades desaparecería”, advirtió.
La referente planteó además que, si las coberturas no alcanzaran para sostener determinadas prestaciones, las familias podrían verse obligadas a cubrir diferencias de su bolsillo. Se trata de una advertencia del sector sobre las posibles consecuencias del proyecto, que todavía debe ser tratado por el Congreso.
Arce recordó que actualmente existen familias que recurren a amparos judiciales para exigir el cumplimiento de las prestaciones y sostuvo que quitar las reglas comunes agravaría los conflictos. “Imaginate sin el paraguas y el amparo de esta ley. Va a ser un caos”, afirmó.
El debate se produce mientras el Congreso analiza además la prórroga hasta fines de 2027 de la Emergencia Nacional en Discapacidad
