La jueza Marta Elba Pascual del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y que falló a favor de suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil, fue denunciada penalmente por una ONG (Organización No Gubernamental), que nuclea a víctimas de homicidio y femicidio. La denunciaron por “usurpación funcional y abuso de autoridad”. Se trata de Usina de Justicia que planteó que la postura de la jueza respecto a la aplicación de la ley 27.801, se basó en algo que no sucedió, en referencia al eventual aumento de menores de 16 años alojados en centros de detención. Los familiares, entre los que se encuentra la exjueza Raquel Slotolow, aseveraron que no existe así “una lesión concreta que justificara suspender la aplicación de la ley”.
La denuncia además acusa de estrecha su mirada y destaca que no contempló las medidas menos gravosas que plantea la ley, entre ellas las medidas educativas, monitoreo electrónico, trabajos comunitarios, medidas de reparación del daño y restricciones de contacto. Justamente a la “justicia restaurativa” alegó Pascual que, además de aclarar que no plantea la baja en la edad de punibilidad; destacó que para lograr que se restauren “los vínculos y que los jóvenes se responsabilicen por sus actos”, deben darse condiciones que actualmente no se dan. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes”, argumentó.
Mientras la ONG pidió ser parte como amicus curiae (amigos del Tribunal) de la cautelar librada por Pascal, el 16 de septiembre debe celebrase la audiencia con funcionarios bonaerenses que deberán explicarle a la jueza como se abordará esa “justicia restaurativa”.
Juicio político
Encabezados por Sebastián Pareja, legisladores de Buenos Aires pertenecientes a la La Libertad Avanza informaron que impulsarán el juicio político contra Pascal mediante las Cámaras. “Marta Pascual es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada por el Congreso que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando. Por eso, debemos pedir su enjuiciamiento”, especificó Pareja.
