Ivana Chañi
El proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo este lunes. A través de varios decretos publicados en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei rechazó los recursos presentados por trabajadores del Ministerio de Capital Humano que cuestionaban su pase a situación de disponibilidad tras la eliminación de distintas áreas del organismo.
La decisión alcanza a agentes que se desempeñaban en dependencias vinculadas a asistencia social directa, emergencias, logística para ayudas urgentes, economía social y programas de la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Los decretos publicados ratifican medidas adoptadas durante la reorganización del Ministerio de Capital Humano, que implicó la supresión de distintas unidades organizativas.
Entre las dependencias afectadas aparecen la entonces Dirección de Emergencias, la Coordinación Técnica de Asistencia Social Directa, la Coordinación de Logística para Ayudas Urgentes, la Dirección del Registro Nacional de Efectores de la Economía Solidaria y otras áreas que brindaban soporte a programas sociales.
El Gobierno sostuvo que los pases a disponibilidad se ajustan a la normativa vigente para el personal de planta permanente cuando se eliminan organismos o estructuras administrativas.
Los empleados cuestionaban la legalidad de las medidas y reclamaban su reubicación dentro de la Administración Pública Nacional. También planteaban que la decisión afectaba derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo rechazó los planteos y ratificó las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Capital Humano.
Con la publicación de los decretos quedó agotada la vía administrativa, por lo que los trabajadores que deseen continuar con sus reclamos deberán recurrir a la Justicia.
La medida se inscribe dentro del plan de reorganización y reducción de estructuras que el Gobierno nacional impulsa desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Mientras el Ejecutivo argumenta que busca optimizar recursos y reducir gastos, los gremios estatales sostienen que los recortes afectan áreas sensibles vinculadas a la asistencia social, la atención de emergencias y las políticas destinadas a sectores vulnerables.
