La decisión se adoptó cuando informes nacionales y provinciales dan cuenta de un período crítico en la seguridad provincial, que no excluye a la principal ciudad, que repite guarismos similares a los del resto del territorio. Incluso el impacto es mayor atendiendo a que es el centro urbano más poblado.
Precisamente este miércoles, el gobernador de la Provincia hizo referencia a la prioridad que su gestión da a la problemática de la seguridad, en ocasión de la entrega de vehículos a un parque automotor policial que se ha incrementado significativamente en los seis años de gobierno de Gustavo Sáenz. El ministro del ramo, por su parte, informó sobre la implementación de sistemas de gestión de datos por primera vez, revelando que el 80% de la intervención policial se relaciona con conflictividad social. Sin embargo, especialistas en la materia insisten en que la respuesta estatal aún no es suficiente para contener el aumento de la criminalidad.
Julio Antonio Palavecino, perito en Seguridad, calificó como altamente alarmante la situación en la materia, basándose en un informe nacional del Ministerio de Seguridad de la Nación, que da cuenta que Salta se encuentra entre las provincias más inseguras del país. Exhibe la tercera tasa más alta de homicidios intencionales y un porcentaje significativo está vinculado a conflictos sociales, generado en no pocos casos en consumos problemáticos de alcohol o drogas. También es alta la cantidad de robos y si bien algunas de sus modalidades tienen reducciones periódicas, son preocupantes por la violencia con la que se llevan adelante esos delitos.
Frente a ese panorama -si bien se corresponde a toda la provincia- no deja de llamar la atención que se haya avanzado con el veto a la creación de la Guardia Urbana. Según los fundamentos del proyecto de base, de autoría del concejal Gonzalo Nieva, se trata de una guardia preventiva, disuasoria y estrictamente civil, destinada a atender situaciones cotidianas que no justifican la intervención policial, pero que responde a la demanda de los vecinos de presencia, orden y protección del espacio común. Fue propuesta para cubrir un vacío operativo en torno a conflictos leves que afectan la convivencia diaria, como lo son el uso indebido del espacio público, actos vandálicos, tensiones en zonas de despeje, ocupaciones irregulares y problemáticas vinculadas a la interacción entre vecinos.
La ordenanza vetada disponía también el funcionamiento del Centro de Monitoreo Urbano Municipal, para supervisar las cámaras instaladas exclusivamente en espacios públicos, con el objetivo de optimizar recursos existentes, dándoles nuevas funciones vinculadas al cuidado de la ciudad. Además, recogía experiencias de otras ciudades del país para el armado de redes con vecinos conectados por WhatsApp y con aquellos que tienen sus propias cámaras de seguridad.
En el debate de la sesión inaugural del año legislativo del cuerpo municipal, la concejal Agustina Álvarez dijo sentirse preocupada porque el intendente haya decidido vetar una ordenanza que, el año pasado, fue aprobada por 18 concejales.Tampoco dio demasiada entidad a los fundamentos del veto,
Sí lo hizo el concejal oficialista Gustavo Farquharson, que tres meses atrás sostuvo uno de los proyectos de creación de la Guardia Urbana Municipal, por considerar que es fundamental que haya políticas que colaboren, que presten asistencia para tener una ciudad más segura. Su criterio rotó hacia la preocupación porque el Ejecutivo se haga cargo de una función sin recursos, afectando el equilibrio financiero.
Es cierto que es un tiempo de presupuestos estrechos pero también de fuerzas policiales escasas. Las grietas políticas no debieran afectar las posibilidades de tener una Capital con mejor convivencia.
Salta, 05 de marzo de 2026
