Hay noticias que parecen llegadas de otro siglo. Sin embargo, aparecen en 2026, circulan por las redes sociales y vuelven a poner sobre la mesa discusiones que creíamos definitivamente superadas.
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Sin una agenda legislativa definida, se confirmó que el 15 de septiembre próximo se presentarán en la Cámara de Diputados los lineamientos del Presupuesto 2027. No es una fecha caprichosa; lo establece la Constitución Nacional y favorece a la administración libertaria, que tiene un cúmulo de iniciativas para negociar en el ámbito parlamentario.
La tarea estará a cargo del presidente Javier Milei quien, personalmente, concurrirá al cuerpo a exponer el proyecto, el segundo en cuatro años de gestión.
El legislativo es un ámbito conocido para el mandatario nacional atento a que fue el espacio donde inició su actividad política. Pero no es esa la razón de su decisión de concurrir a explicar los objetivos de la propuesta sino la necesidad de reforzar la decisión de sostener el equilibrio fiscal que el Gobierno pretende reforzar en el próximo ejercicio fiscal. Las líneas gruesas del proyecto se conocieron a través del Adelanto del Presupuesto 2027, presentado en julio pasado, un documento que -como corresponde- anticipa los lineamientos macroeconómicos y fiscales que constituyen las bases de la iniciativa, que explicará el propio mandatario.
La pretensión es continuar con el proceso de estabilización de la economía, con menor inflación, crecimiento de la actividad y mejora de los indicadores sociales. Se prevé el crecimiento del PBI, impulsado por una recuperación de la inversión, el consumo privado y un aporte positivo del sector externo. Se buscará fortalecer la recuperación de los salarios reales, mejorando las condiciones para las decisiones de consumo e inversión, a fin de transformar el mercado laboral y los indicadores sociales.
La mejora en los ingresos será el resultado de una mayor actividad económica y se continuará con la estrategia de alivio impositivo al sector privado, proveyendo la competitividad y sosteniendo la apertura económica. Habrá una profundización del proceso de reorganización del Estado, optimizando la asignación de recursos humanos y financieros y fortaleciendo la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La naturaleza de las medidas que permitirán que, a través del presupuesto de gastos y recursos se alcancen estos objetivos, obligará a una compleja negociación con los gobernadores. No se trata solamente de que contribuyan a integrar las mayorías necesarias en ambas cámaras para lograr la aprobación sino que se debe acordar la distribución de recursos, las transferencias a las provincias y las partidas destinadas a infraestructura y obras públicas, cuestiones de permanente discusión entre el Ejecutivo nacional y los provinciales. Si el oficialismo logra entendimientos con los mandatarios y con distintos sectores de la oposición dialoguista quedará facilitada la negociación sobre otros temas, como la reforma electoral y el futuro de las PASO.
Sobre el presupuesto 2027 hay conciencia de que el peor escenario para las provincias es que no se cuente con la determinación de recursos disponibles y las previsiones de su distribución, dijo la senadora saencista Flavia Royón. Quedaría todo a discreción del Presidente, un ejercicio que ya se conoce que es altamente perjudicial para los gobiernos provinciales.
En tanto, deben cerrarse otros acuerdos como los referidos a subsidios tarifarios por zonas cálidas en materia de energía eléctrica y zonas frías, por el consumo de gas. Son las provincias las que están pisando el incremento en la facturación lo que está resintiendo severamente sus cuentas, pese a lo cual no pueden evitar montos elevados para los usuarios.
El gobernador Gustavo Sáenz advirtió que la situación en el interior puede volar por los aires. Es un mensaje que no puede desoírse.
Salta, 18 de agosto de 2026
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