El Gobierno resolvió dar marcha y retirar el proyecto de Régimen Penal Juvenil que había ingresado este lunes a la Cámara de Diputados y que proponía bajar a 13 años la edad de imputabilidad. La decisión se tomó a pocas horas del inicio del debate parlamentario, frente a la falta de consenso político para avanzar con ese punto central de la iniciativa.
Según confirmaron fuentes legislativas, el oficialismo retomará el dictamen anterior trabajado en comisión, que establece la edad de imputabilidad en 14 años, un umbral que cuenta con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas y que ya había permitido al Gobierno conseguir un dictamen de mayoría durante el año pasado.
De este modo, el texto que volverá a ponerse en discusión mantiene varios de los ejes del régimen penal juvenil debatido en 2025, pero con ajustes clave respecto de la versión presentada hoy por el Poder Ejecutivo.
Qué queda del proyecto original
El dictamen que se retomará conserva la estructura general del régimen penal juvenil, con un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y la prioridad de medidas alternativas a la prisión, como programas educativos, servicios comunitarios, reparación del daño y tratamientos psicológicos. La privación de la libertad seguirá reservada para delitos graves, con alojamiento en institutos especializados y sin contacto con adultos.
Además, se incorpora de manera explícita la facultad del Estado nacional de conveniar con las provincias para la implementación del régimen, un reclamo central de los gobernadores que habían advertido sobre el impacto presupuestario de la iniciativa en los distritos.
Qué se descarta
El principal punto que se elimina es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, defendida por sectores del oficialismo y plasmada en el proyecto enviado este lunes. Ese aspecto no logró el respaldo necesario, ni siquiera entre aliados como el PRO, que insistió en sostener el límite en 14 años.
Qué se mantiene del texto presentado hoy
Pese al retiro del proyecto, el Gobierno decidió conservar uno de los elementos centrales de la nueva versión: la explicitación del costo fiscal y su financiamiento. El costo fiscal para la implementación del régimen penal juvenil es de $23.739.155.303, que se financiarán con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
De acuerdo con el enfoque oficial, el mayor impacto presupuestario no está en la infraestructura sino en los costos de implementación, principalmente en la contratación de personal especializado como médicos, psicólogos y supervisores, considerados claves para el funcionamiento del sistema.
Con este repliegue, el oficialismo busca destrabar el debate y avanzar con una reforma que, aunque recortada respecto de sus aspiraciones iniciales, tenga chances concretas de ser tratada y votada en el recinto el próximo jueves.
Con información de Ámbito
