Será el día en que habrá una movilización obrera, si el sindicalismo logra llevar a sus afiliados a la calle.
No es un debate novedoso en este tiempo de gobierno libertario. Javier Milei asumió y su primer acto sobresaliente, tras su discurso de espaldas al Congreso, fue la firma del DNU 70, que intentó destruir buena parte de la estructura legal del país. Es cierto que contenía un avance sobre un propósito legítimo e impostergable que demanda una amplia participación de todos los sectores políticos, económicos y sociales.
A dos años de esa jugada, que no logró plenamente sus objetivos, es inminente la sanción de una reforma, como parte de cambios estructurales necesarios para poner al país en el punto que propuso La Libertad Avanza para alcanzar la cúspide de la conducción política nacional. Ese trayecto dejó sus efectos en los distintos planos sobre los que impacta el proyecto que está en el Parlamento.
Esta ley nacional que se pretende sancionar no es indiferente a ningún habitante del país y de allí el compromiso que se exige a los referentes del entramado institucional que organiza a la sociedad en cualquier punto del territorio. Especialmente convoca -al margen de las cámaras legislativas que formalizarán su aprobación- a los gobiernos de distintos niveles y a la dirigencia empresarial y gremial. Ese trípode tuvo una primera instancia de pronunciamiento en el marco del llamado Consejo de Mayo, un órgano de muy baja consideración social.
A días de la toma de una decisión fundamental en torno de la reforma laboral, se están cerrando los últimos acuerdos para imponer la iniciativa del oficialismo. En la construcción del consenso mayoritario no concurrieron los sectores que por cuestiones ideológicas y de intereses sectoriales no han manifestado disposición para ceder a favor de un cambio de estructuras que se montan en lo que consideran derechos innegociables, aunque amplias franjas están marginadas de su usufructo.
En la Provincia, el panorama repite todos los elementos que constituyen el estado deliberativo nacional. La CGT Regional Salta asumió la representación de las organizaciones gremiales y comunicó su rechazo del proyecto sin dejar resquicios que planteen la posibilidad de discutir un acuerdo. La posición que sustenta es la de considerar que la reforma laboral no es modernización, sino una avanzada regresiva sobre derechos históricos. En esos términos se expresó la central obrera provincial a través de un documento que hizo público la semana anterior, en el que comunicó su estado de alerta y movilización y la adhesión a la marcha que tendrá como epicentro las inmediaciones del Congreso nacional y réplicas en todo el territorio argentino.
Pero también tiene un condimento local que debe subrayarse. La CGT Regional Salta ha tomado una marcada distancia con la posición del gobierno provincial, que también juega fuertes intereses en este proyecto de ley que arrastra una reforma impositiva que impacta en ingresos coparticipables, poniendo en riesgo el equilibrio de la caja de la administración de Gustavo Sáenz. La confrontación es con el acompañamiento declarado del mandatario provincial a una actualización de lo que llamó “leyes viejas” y que la dirigencia cegetista considera que es el reservorio de los derechos de los trabajadores. Se lo acusa de construir un relato de paz social sin participación de quienes los representan.
El gobernador salteño forma parte del grupo de interlocutores del gobierno nacional para promover el apoyo parlamentario a la iniciativa. Su gestión, a ojos del sector sindical, es meramente fiscal y da la espalda al núcleo del problema.
Por ahora no hay puentes tendidos pero está muy lejos alguna ruptura sin retorno. No es lo que la Provincia y sus trabajadores se merecen.
Salta, 03 de febrero de 2026
