Conveniencia

El Decreto 56, publicado este jueves en el Boletín Oficial, dispone que durante 2026 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar la leyenda ‘Año de la grandeza Argentina’” e invita a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la iniciativa. En los considerados da las razones para esta disposición, las que giran en torno de los logros recogidos en el año anterior.

Esta evaluación es permanente y los resultados lo transmite el propio presidente Javier Milei, quien -como lo señala el decreto referido- está convencido que reconstruyó los pilares de la Nación, asegurando “una mayor libertad para todos los argentinos”. Pero este esfuerzo no alcanza, por lo que la norma compromete al Poder Ejecutivo Nacional a “realizar las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para engrandecer al país”.

El tema en definitiva es la embestida para lograr las reformas estructurales que están pendientes y que han comenzado a transitar, con mucha dificultad, por las comisiones del Congreso. Hasta tanto no se formalice el correspondiente debate político en el recinto, la ciudadanía observa mensajes contradictorios respecto de los objetivos libertarios.

Esas contradicciones son saludables porque permiten profundizar no sólo en los beneficios y perjuicios que pueden acarrear las propuestas del oficialismo sino también ponen en evidencia qué intereses sectoriales afecta. El proyecto sacó de sus cómodos aposentos a referentes de los ámbitos involucrados en las reformas que se proponen pero también puso en crisis decisiones políticas que no necesariamente buscan el interés general.

El estado deliberativo en el que está inmersa la dirigencia política, social y económica es creciente pese al receso en las actividades de instituciones fundamentales, como las legislativas y judiciales. Hay dificultades para asegurar consensos y los que se construyen en un día, se derrumban al siguiente.

La administración de La Libertad Avanza tiene muchos frentes abiertos en este tiempo de reformas. El último que se habilitó tiene una dimensión que aún no se ha ponderado de manera precisa y responde al propósito de  reorientar la economía hacia sectores con ventajas competitivas, como la minería, la agricultura y los servicios tecnológicos, según el discurso oficial.

El gobierno no oculta su intención de retirar todo tipo de asistencia a la producción nacional, especialmente a las empresas industriales que reclaman protección estatal porque han evolucionado bajo ese paraguas. Dentro de ese marco debe inscribirse la confrontación, en la que interviene directamente el propio presidente Javier Milei, con uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, Paolo Rocca. Es el corolario del fracaso de Tenaris, la firma más importante de la región en la fabricación de tubos para ductos, en una licitación vinculada a la exportación del gas que produce Vaca Muerta.

En otro escalón se ubica la mayor parte de los gobernadores que observan un riesgo cierto sobre sus finanzas si se aplican nuevas medidas impositivas que reducirán sus ingresos, cuando vienen creciendo obligaciones por la profundización de la crisis social originada en la desocupación y caída de consumo crecientes. Los acuerdos que ató el Ministro del Interior han comenzado a desarmarse.

La ciudadanía se queda con la obligación de ordenar sus prioridades y tomar iniciativas conforme sus propios tiempos y conveniencia.

Salta, 29 de enero de 2026