Momento

La compleja situación económica y social no le da tregua al gobierno de la Provincia. Hasta la naturaleza concurre a frustrar vías de escape a la tensión reinante, obligando a la postergación del inicio de los festejos del Carnaval en la Capital, que se suma a una temporada turística de limitado rendimiento y a un señalamiento político que pone al gobernador Gustavo Sáenz confrontando con los intereses de los trabajadores.

A ese cuadro se sumó un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que ratificó denuncias de su versión local respecto de la negativa situación carcelaria en Salta, que se completó con la decisión de organizaciones de derechos humanos de crear la Red Provincial contra la Violencia Institucional a fin de frenar abusos de las fuerzas represivas y mejorar la respuesta judicial en materia de penalización de delitos y de protección de víctimas. El referido informe complicó el ingreso de un mes que llegó acompañado con novedades inquietantes en torno de aumentos tarifarios de servicios y prestaciones esenciales para la vida cotidiana, mientras escala la conflictividad política.

Récord histórico de presos en Argentina con Salta en el "Top 5" de provincias

De lo que dio cuenta el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en su último informe es de un récord histórico de presos en Argentina. Con 258 personas cada 100 mil habitantes alojadas en cárceles de todo el país, se alcanzó la tasa más alta de la que se tenga registro y es un promedio de variadas situaciones que expresan las distintas provincias. En el ranking  elaborado, Salta se ubica en el quinto lugar, con un guarismo que supera significativamente a la media nacional, colocándose detrás de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe. Las referencias de este organismo público nacional, activo desde 2017 para monitorear, controlar y supervisar lugares donde hay personas privadas de libertad, indican que durante los últimos 25 años, el encierro en prisiones creció a un promedio anual del 6 % y es una tendencia creciente que supera el ritmo de habilitación de plazas carcelarias, que explica que el conjunto de los sistemas penitenciarios funcione al 130% de su capacidad; esto es, hay 130 personas alojadas donde caben 100.

Esta saturación revela muchas deficiencias del sistema que, en estos tiempos, se ofrece como la principal respuesta a la problemática de la seguridad interior del país. Bajo la consigna de que “el que las hace, las paga” se supone que el delito es castigado como corresponde; sin embargo, los datos del Comité que se hicieron públicos este fin de semana indican que solo se trata de una expresión aspiracional. De la totalidad de quienes están alojados en los establecimientos penitenciarios, solo un poco más de la mitad tiene condena; el resto aguarda la decisión de una Justicia tachada de morosa, en el mejor de los casos.  

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Es cierto que en la última década hubo un crecimiento exponencial de población carcelaria pero lejos de indicar una acción eficiente en la represión del delito, indica que cualquiera se el punto desde el que se observe la compleja situación, revela un Estado que no atiende esta problemática como una cuestión prioritaria y progresivamente, se confirma un abandono de políticas de defensa de los derechos humanos.
En Salta, particularmente, se viene denunciando una profunda crisis del Servicio Penitenciario, que se profundiza en el caso de los penales donde se encuentran alojadas las mujeres. Así lo demuestra una reciente investigación realizada por el sitio Gente de Salta, en base a alertas que desde hace dos años viene lanzando el Comité Provincial contra la Tortura. El número de mujeres encarceladas aumentó de manera constante, debido mayoritariamente a la comisión de delitos vinculados al narcomenudeo. Y esa población no sólo está golpeada por el hacinamiento sino por la carencia de servicios esenciales, como los sanitarios.

Nada indica que sea el momento para encarar la solución de este problema. Es que la cabeza de la conducción provincial está ocupada en negociaciones para allegar recursos y alejar cualquier riesgo sobre su liderazgo político.

Salta, 02 de febrero de 2026