La decisión del gobernador Gustavo Saénz de ser un ladero del presidente Jsavier Milei no ha rendido resultados que se expresen en obras o en el financiamiento de acciones que aseguren a los salteños servicios esenciales. Más aún, mientras ellos decaen en calidad y generan mayores costos por retiro de subsidios se fortalece la amenaza de terminar con un equilibrio fiscal que se sostiene mientras se paga una abultada deuda pública. El estado de las cuentas no atraviesa un buen momento por lo que, en principio, no habría razones para sostener el apoyo a un proyecto de modernización laboral que encubre una reforma impositiva que impactará de lleno en ingresos provinciales.
El punto es que la afectación de recursos estimados para cumplir obligaciones ineludibles es considerable y va a romper un delicado ordenamiento financiero. Ello llevó a que el Gobernador convoque a los legisladores nacionales por Salta para definir en conjunto una acción que preserve el equilibrio fiscal provincial -que es una política coincidente con la administración nacional- y concurra a lograr el objetivo de la gestión libertaria de concretar la primera de las reformas estructurales para sacar a la Argentina del estado de postración en la que se encuentra.
La información oficial sobre este encuentro asumió sin ambages la preocupación del mandatario en torno del impacto de la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias, que prevé el proyecto de ley de Modernización laboral. Según las estimaciones de consultoras privadas, la baja de alícuotas que pagan las categorías superiores de empresas aportantes significarán una reducción de 144 mil millones de pesos mensuales del monto que por ese concepto se distribuye entre todas las provincias. Ese monto, equivalente a 0.3 puntos porcentuales del PBI, sólo beneficiaría a 144 grandes empresas, de acuerdo a los cálculos del diputado entrerriano Guillermo Michel, uno de los firmantes del proyecto que este martes presentó la oposición peronista en el Congreso de la Nación, el que cuenta con el apoyo de la mayor parte del sindicalismo argentino.
La convocatoria de Sáenz a los legisladores salteños no se vincula a este movimiento de Unión por la Patria sino a la necesidad de fijar una estrategia que no resienta la iniciativa del oficialismo nacional porque de su voluntad depende la continuidad de obras imprescindibles para el desarrollo productivo, económico y social de la provincia. Del análisis se concluyó en que se deben definir alternativas reduciendo impuestos nacionales que no afecten a las provincias y que permitan la generación de empleo registrado, que es el objetivo de la reforma libertaria.
La negociación como se vino mostrando hasta ahora, especialmente tras la visita del Ministro del Interior, no es tan llana como parece porque Nación no suele cumplir su parte. Es lo que el titular de la cartera de Economía y Servicios Públicos le señaló a los parlamentarios saencistas. Las inversiones provinciales que oportunamente se acordaron ya se hicieron pero se sigue esperando que el gobierno central licite las obras comprometidas.
Y a la Provincia no le queda resto para financiar su autonomía. De acuerdo a un reciente informe de la consultora regional Politikon Chaco, que publicó el más importante diario local, Salta debe pagar este año más de 102 millones de dólares de su deuda refinanciada y sólo tiene en caja un poco menos de 10 millones de la moneda estadounidense.
Era un dato que seguramente el gobernador Sáenz hubiese querido discutir con los cinco legisladores por Salta de La Libertad Avanza. Pero no aceptaron el convite, como si la representación que ostentan no fuese del pueblo y de la Provincia sino de un partido en formación.
No se está escribiendo con buena letra este capítulo de la historia libertaria en Salta.
Salta, 28 de enero de 2026.
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