Opacidad

Mientras en buena parte de las provincias, los gobiernos enfrentan crisis provocadas mayoritariamente por las políticas de ajuste y por la naturaleza -alterada por el cambio climático que profundiza los efectos negativos de fenómenos estacionales-, el gobierno nacional avanza en la sanción de leyes que necesita para producir cambios estructurales. La próxima semana comienza el período extraordinario de sesiones convocado para tratar tres iniciativas que provocarán sustanciosos debates.

Al temario original integrado por la  modernización laboral y la modificación del régimen de protección de glaciares, se sumó el proyecto de Ley Penal Juvenil, iniciativa que apunta a reducir  la edad de imputabilidad. Es una respuesta a una serie de hechos que han impactado socialmente en esos días, que apuran un propósito que la actual administración nacional ha expresado desde su asunción pero que viene generando resistencia en algunos sectores políticos y sociales. 

Es cierto que algunas de las cuestiones que preocupan a los salteños pasan por las inundaciones en el norte de la Provincia, la evolución de las tarifas de servicios esenciales y las paritarias del sector público que deben convocarse para los próximos días y cuyo resultado puede incidir en el inicio del período lectivo, pero no debe desatender el posicionamiento del gobernador Gustavo Sáenz. El mandatario ha ratificado su acompañamiento al gobierno libertario, con el difuso límite de la defensa de los intereses provinciales. A cambio de ese apoyo insiste en un listado de obras públicas, que son prioritarias por su naturaleza y porque se trata de obligaciones de la administración nacional, como son las rutas vertebrales para la logística de la producción nacional. No son razones menores pero no explican, por ejemplo, si la necesidad de actualizar y mejorar la normativa en materia laboral habilita que se resignen recursos coparticipables, como podría ocurrir si se sigue sosteniendo una baja del Impuesto a las Ganancias para empresas, reduciendo alícuotas en las escalas superiores. 

No menos importante es el apego del gobierno de Javier Milei a echar mano a DNU para imponer decisiones que exigen la intervención parlamentaria. El último se publicó este martes, prorrogando la emergencia del Sector Energético Nacional respecto del gas natural, dispuesta por la gestión de La Libertad Avanza apenas asumió el gobierno en 2023 y que ya fue prorrogada en 2024 y 2025. En el caso actual se dispone su prórroga hasta 2027, estableciendo condiciones para fijar precio máximo en las dos próximas temporadas invernales. 

Previamente se emitieron otros Decretos de Necesidad y Urgencia como el que modifica el Código Aduanero, dando más poder al Ministerio de Economía sobre la tramitación de importaciones y exportaciones. Otro DNU emitido en enero es el que  modifica el régimen del personal militar, facilitando que los activos se sumen a la gestión política de la defensa  sin ver perjudicada su carrera ni su futuro haber de retiro.

El que se lleva las palmas es el que modificó la ley de Inteligencia, firmado apenas cerró el pasado período extraordinario de sesiones. Sin las Comisiones Bicamerales que deben intervenir debidamente integradas, por el cambio en la integración del Congreso, se debe advertir que hay mucha opacidad en el aprecio por la institucionalidad en la gestión nacional.

Todos los poderes de la república deben dar cuenta de ello.

Salta, 27 de enero de 2026