Ivana Chañi
La provincia de Salta puso en vigencia la Ley Nº 8528, que establece un marco normativo para la gestión y disposición de automotores, motovehículos y maquinarias registrables que se encuentran en depósitos públicos provinciales y municipales.
La norma tiene como objetivo mitigar el impacto ambiental que genera la acumulación prolongada de vehículos en predios estatales, reducir riesgos sanitarios —particularmente los vinculados a enfermedades arbovirales— y avanzar en la limpieza y descontaminación de los espacios utilizados como depósitos. Además, promueve la reutilización de materiales en el marco de la economía circular.
La ley alcanza a los vehículos secuestrados, removidos o trasladados por disposición de autoridades administrativas provinciales o municipales, independientemente de su estado de conservación, con excepción de aquellos vinculados a causas penales. En este sentido, se establece la obligación de realizar inventarios con registro fotográfico y datos técnicos, que serán incorporados a un registro a cargo de la Autoridad de Aplicación.
Entre los procedimientos previstos, se contempla la notificación a los titulares registrales para el retiro de los vehículos dentro de los plazos establecidos. En caso de incumplimiento, la normativa habilita distintas alternativas: afectación al uso público, venta mediante subasta pública o procesos de descontaminación y compactación.
La ley prioriza que los vehículos que puedan ser reutilizados sean destinados a servicios esenciales como salud, seguridad y educación. En los casos de subasta, se prevé incluso la modalidad electrónica y la distribución de los fondos obtenidos entre los municipios adherentes y la Autoridad de Aplicación. Para los vehículos no aptos para circular, se establece un régimen de compactación y reciclaje, con la posibilidad de articular acciones con organizaciones civiles, instituciones educativas o proyectos artísticos.
Asimismo, se invita a los municipios a adherir al régimen y a suscribir convenios de colaboración con la Provincia, en un esquema de competencias compartidas. La reglamentación y designación de la Autoridad de Aplicación quedará a cargo del Poder Ejecutivo Provincial en coordinación con los gobiernos locales.
La Ley Nº 8528 fue sancionada por la Legislatura en la sesión del 11 de diciembre de 2025 y promulgada mediante el Decreto Nº 6, publicado en el Boletín Oficial de este viernes
