Escándalo IOSFA-Suizo Argentina: facturación por $3.324 millones y un préstamo de $40.000 millones

Una planilla interna del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) confirma que Suizo Argentina S.A. acumuló $3.324.192.314,78 en facturación al 30 de septiembre de 2025, ubicándose en el podio de proveedores de la obra social militar. El dato llega mientras la causa federal por presuntas *coimas en compras de medicamentos acelera con 25 allanamientos y un fallo del juez Sebastián Casanello que rechazó el intento de los Kovalivker de anular pruebas. En el medio, el IOSFA tomó un mutuo por $40.000 millones y registró un salto de caja “milagroso” en octubre.

El número duro está en un excel sin grandilocuencia: CUIT 30516968431 – SUIZO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, con un acumulado de $3.324.192.314,78 al 30/09. No es un contrato aislado ni una erogación puntual: es el rastro de un flujo sostenido en el año, en un ecosistema donde el tiempo de pago vale casi tanto como el precio del medicamento.

 La postal financiera de la obra social agrega capas. En enero, el organismo instrumentó un préstamo (mutuo) por $40.000 millones con tres desembolsos ($20.000 M + $10.000 M + $10.000 M), a TNA 52,05% y CFT 66,48%, en 34 cuotas sistema francés. En castellano: deuda grande, cara y larga, para un esquema que necesita liquidez instantánea para cumplir con prestadores y droguerías.

La tensión de caja se ve en el tablero mensual: octubre cerró con un “Ingresos – Pagado” de $32.824.742.384,81, un brinco que endereza el año de un saque. Sin la letra chica de qué se cobró y qué se difirió, el pico luce más como ingeniería de calendario que como eficiencia de gestión.

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El IOSFA es un ente autárquico bajo la fiscalización y control del Ministerio de Defensa; y el organismo que le prestó $40.000 millones —el IAF— también depende de Defensa. La designación y recambio de autoridades del IOSFA se instrumentó formalmente desde ese ministerio: la Resolución 542/2025 aceptó la renuncia del presidente anterior y abrió paso a la nueva conducción, hoy a cargo de Betina Surballe (desde el 11 de junio de 2025). En los papeles, prestatario y prestamista quedan bajo el mismo paraguas político, con Luis Petri como responsable último de la tutela administrativa.

En paralelo, la política y la Justicia corren por carriles que ya se tocan. El 9 de octubre, Casanello ordenó 25 allanamientos simultáneos en la causa ANDIS —se buscaron teléfonos, contratos y cajas de seguridad— y días antes había desestimado el pedido de nulidad de la defensa de los Kovalivker por la supuesta ilegalidad de audios filtrados. El expediente, que arrancó con el “caso Spagnuolo”, dejó de ser ruido de campaña para convertirse en patrón de investigación.

La dimensión parlamentaria ya está en marcha: en Diputados circulan proyectos de resolución que exigen al Ejecutivo el detalle de todos los contratos entre IOSFA y Suizo Argentina —mecanismos, montos, expedientes—. Es decir, lo que hoy solo puede reconstruirse con papeles internos quedaría bajo foco público.

La gobernanza del instituto también se reconfiguró en este trayecto: Betina Surballe asumió la presidencia del Directorio el 11 de junio de 2025. Es la firma política de una etapa donde, con la lupa de la SIGEN y la presión judicial, la obra social no puede permitirse opacidad.

En off, voces con trato directo con el entorno de los Kovalivker describen un cerrojo comunicacional y decisiones de “hibernar” hasta después de las elecciones. Cuentan —sin prueba pública— cambios frecuentes de dispositivos y teléfonos “limpios” en el círculo íntimo.

La trama IOSFA–Suizo no es un hecho aislado en el mapa del Estado: la presencia de la droguería en compras públicas viene siendo observada por la prensa y la oposición desde hace meses. Pero que el proveedor estrella figure con más de $3.324 millones en los primeros nueve meses y que, en simultáneo, el instituto se endeude y depure su resultado con un octubre salvador, enciende una alarma distinta: ya no se trata solo de cuánto compra el Estado, sino de cómo administra su caja para sostener a sus grandes contratistas.

El punto ciego sigue siendo el mismo de siempre: precios, competencia y pliegos. ¿Por qué Suizo concentra semejante volumen? ¿Hubo licitación real o carriles administrativos que, amparados en la emergencia, consolidaron una dependencia de facto? La Cámara baja quiere esas respuestas por escrito; mientras tanto, la economía política del remedio funciona con otra lógica: si el Estado paga tarde, el precio real lo marca la financiación.

Para el afiliado, detrás de números que cierran en Excel se esconde una consecuencia directa: prestadores que frenan, farmacias que piden paciencia y un modelo que, si privilegia la foto contable sobre el flujo, termina encareciendo lo que jura abaratar. Para la dirigencia, el caso ya no admite zonas grises: con la Justicia allanando y el Congreso pidiendo papeles, la única salida es publicar contratos, órdenes, precios y auditorías. Todo lo demás, en 2025, huele a privilegio.

Con información de Noticias Argentinas