Un megaoperativo en Arroyo Leyes reveló este miércoles las condiciones laborales extremas a las que estaban sometidos más de 40 trabajadores golondrina en un campo de frutillas cercano a la ciudad de Santa Fe. Allí, se constató que los empleados, en su mayoría provenientes de Chaco, vivían y trabajaban en un contexto de precariedad absoluta, muy lejos de las promesas iniciales.
A los 42 trabajadores se les había ofrecido un pago de 1.000 pesos por cajón y alojamiento adecuado. Sin embargo, al llegar al predio, se toparon con una realidad muy distinta: camas improvisadas sobre cajones de madera, viviendas en estado ruinoso y una remuneración real de apenas 600 pesos por cajón. Las jornadas laborales se extendían sin descanso, lo que agravaba aún más la situación de vulnerabilidad de los empleados.
El fiscal Walter Rodríguez explicó a LT10 que, aunque los trabajadores no se encontraban retenidos por la fuerza, su libertad estaba severamente restringida. “Por las extensas jornadas laborales, solamente por el cansancio y por no tener medios económicos, estaban impedidos de poder salir del lugar de facto”, detalló el funcionario judicial en diálogo con el medio santafesino.
La investigación se originó tras la denuncia de tres trabajadores chaqueños que, luego de un conflicto económico con los responsables del campo, decidieron regresar a su provincia. Antes de partir, presentaron una denuncia en una comisaría local, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.
El fiscal Rodríguez describió el escenario en el predio como un claro “abuso de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores”.
Las víctimas recibieron asistencia de personal especializado en trata de personas y fueron puestas bajo resguardo.
Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad incautaron escopetas, revólveres, pistolas, cargadores y más de 300 cartuchos de distintos calibres. Además, se secuestraron celulares, computadoras, documentación contable, una camioneta Amarok, más de 10 millones de pesos en efectivo y 4.205 dólares.
La operación fue supervisada por el fiscal federal Walter Rodríguez y contó con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Criminalística (ambas de la PDI), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la Coordinación de Rescate Nacional.
Como resultado de la inspección, un joven de 25 años fue detenido y otro hombre de 64 años quedó vinculado a la causa.
Con información de Infobae
