A partir del Decreto 274/2025, el Gobierno de Javier Milei limitó la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante en causas penales por lavado de dinero y corrupción. El PRO, a partir de la Fundación Pensar, lanzó un informe condenando la medida e insistiendo en que la misma "debilita la capacidad del Estado para sostener estas acusaciones".
El presidente introdujo cambios significativos en las competencias de este organismo y también en las de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), afectando la investigación de delitos complejos y el manejo de información sensible. Entre las reformas destacadas están la eliminación de la facultad de querellar de la UIF y ampliación de facultades de la AFC.
Para el espacio amarillo, lo primero "debilita la capacidad del Estado para sostener acusaciones en casos de corrupción y delitos económicos complejos, como los emblemáticos Cuadernos, Hotesur/Los Sauces y Ruta del Dinero K. La UIF había sido clave en el análisis técnico y financiero en estas investigaciones".
Sobre el segundo punto, el informe apunta: "La AFC ahora puede intervenir en la gestión de ciberseguridad de la UIF, lo que genera preocupación sobre el manejo de información sensible protegida por leyes vigentes".
La Fundación Pensar critica estas medidas, argumentando que debilitan la posición del Poder Ejecutivo y, a la vez, cuestiona la fundamentación del Ministro de Justicia sobre "equiparar las armas" entre defensa y acusación, señalando que la UIF actuaba como auxiliar técnico del Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo la acusación.
Con información MDZ
