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El Gobierno decretó una prórroga de 15 días para iniciar el procedimiento. Río Negro y Neuquén advierten que el plazo es menor al que le reclamaron a Milei.
Política11/04/2025
Río Negro cruzó al Gobierno nacional por su decisión de avanzar en la privatización complejos hidroeléctricos a través del decreto 263/05, que establece 15 días para licitar las represas del Limay y el Neuquén, plazo que fue menor al solicitado por las provincias, que trabajan ahora en observaciones conjuntas.
Esta semana, la administración de Javier Milei fijó una nueva prórroga de 15 días para iniciar el concurso público nacional e internacional que pondrá en venta el paquete accionario mayoritario de cuatro represas hidroeléctricas clave: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Si bien el pedido de prorrogar el inicio del curso había sido reclamado por los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, la gestión de este último señaló que el plazo es menor al que habían solicitado.
Reclamo de Río Negro por la privatización de cuatro represas
En tierras rionegrinas señalaron que ambas provincias patagónicas "habían planteado la necesidad de un período más amplio para el análisis integral del proceso licitatorio y la participación efectiva de ambas provincias".
Advirtieron, en paralelo, que tanto Weretilneck como Figueroa realizan un trabajo conjunto y articulado sobre el tema: "Los equipos técnicos provinciales se encuentran abocados al estudio detallado de los pliegos de licitación, a fin de formular las observaciones correspondientes desde una mirada federal y en resguardo de los intereses estratégicos de ambas provincias, que históricamente han sido parte fundamental del desarrollo energético del país".
"Se reafirma que cualquier decisión sobre el futuro de las represas debe tener en cuenta el impacto ambiental, económico y social que estas infraestructuras generan en los territorios donde están emplazadas", sostuvo el gobierno de Río Negro.
En esa línea, se aclaró que "el protagonismo de las provincias no debe limitarse a una consulta formal", sino que debe traducirse en "una participación real en el diseño del nuevo esquema concesionario por tratarse de decisiones que tendrán consecuencias directas sobre la gestión del recurso hídrico, la seguridad energética y el desarrollo regional".
"Reivindicamos nuestra condición de titulares de los recursos naturales, junto a Neuquén, una posición inclaudicable que será resguardada indeclinablemente", concluye el comunicado rionegrino.
Qué habían acordado las provincias con Nación
En agosto pasado, ambos mandatarios habían mantenido una reunión con el por entonces secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, con quien acordaron participar activamente en el diseño del concurso nacional e internacional que definirá las condiciones futuras de las represas en el río Limay.
“Río Negro no cederá ni un paso en la defensa de nuestros recursos y derechos. Juntos, con Neuquén y la Nación, trabajaremos por un manejo sostenible y equitativo de nuestros recursos, protegiendo el desarrollo de nuestra región y el bienestar de nuestra gente”, dijo en la ocasión Weretilneck.
Las cuatro represas involucradas en este proceso fueron transferidas a nuevas sociedades creadas por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) mediante el Decreto 718/2024, que establecía un plazo inicial de 180 días para convocar el concurso de privatización. Luego, el Decreto 895/2024 modificó ese cronograma e incorporó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como ente coordinador del proceso, en conjunto con la Secretaría de Energía.
Con la prórroga ahora oficializada, el Gobierno ratifica su intención de avanzar con la venta de activos estratégicos, aunque busca dar espacio a la participación de las provincias involucradas y de los organismos interjurisdiccionales que gestionan los recursos hídricos del sistema energético nacional.
“Corresponde fijar un plazo de quince días, contados a partir de la publicación del presente, con el fin de que las mencionadas provincias y todos los organismos interjurisdiccionales involucrados tomen la debida participación en el proceso”, señala el texto oficial.
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