Con un cúmulo de problemas económicos y sociales sin resolver, el oficialismo encaró hacia el ámbito electoral y ha manifestado su interés por cuestiones de esa naturaleza, por lo que incluyó en el temario la ficha limpia y la eliminación de las PASO. La realidad no va a cambiar con la sanción de los proyectos que legislan en esa materia pero las extraordinarias dejan expedito el camino para que el Ejecutivo logre cubrir vacantes en la Corte de Justicia, tema que le importa sobremanera.
Puede apreciarse que es el interés de la Presidencia de la Nación el que se impone en circunstancias en que se agotó el periodo de sesiones ordinarias, que -a partir de la reforma constitucional de 1994- se extiende anualmente entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Pero el artículo 63 de la Constitución Nacional prevé que las Cámaras pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones; esa facultad está contemplada en el artículo 99, que regula las atribuciones del Poder Ejecutivo. En su inciso 9 establece que puede hacerlo “cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”.
Considerando que 2.024 cerró sin que el Congreso trate el presupuesto para el presente ejercicio fiscal, se esperaba la prórroga o las extraordinarias. Fue en este mes que se produjo la convocatoria que no incluyó lo que esperaba sea su principal razón, ya que por segunda vez consecutiva se prorrogó un presupuesto irreal, por el impacto que en sus estimaciones produjeron casi un 400% de inflación acumulada.
Ello llevó a que uno de los bloques en los que se encuentra dividido el radicalismo ofreciera votar el proyecto que La Libertad Avanza presentó en setiembre pasado sin ningún tipo de modificación. Es una jugada política que parece razonable si la intención, como expresó el titular de esa bancada Rodrigo de Loredo, es evitar que el Ejecutivo disponga de manera discrecional de recursos por 25 billones de pesos. Con los superpoderes cedidos al presidente Javier Milei, a través de la ley de bases y por el DNU 70 de 2023, hay un riesgo cierto de un descontrol de implicancias mayúsculas. La experiencia del año anterior sirve para suponer un desmejoramiento de las condiciones actuales, consecuente con el ajuste impuesto para asegurar el superávit de las cuentas públicas, que es -tal cual lo expone la administración libertaria- la herramienta para mantener un virtuoso control sobre la inflación. Alcanzar ese punto significó someter a los gobiernos provinciales a condiciones extremas para mantener el equilibrio de sus propias cuentas.
Como ejemplo sirve mencionar que el gobierno nacional adeuda a la Provincia de Salta una cifra equivalente a tres masas salariales y ha reconocido no contar con recursos para saldar sus obligaciones, emergentes de acuerdos cuya contraparte ha sido cumplida de manera acabada por la gestión de Gustavo Sáenz. La deuda es producto de obras devengadas y transferencias no automáticas que el Gobierno Nacional había comprometido e incumplió. Ahora ofrece inmuebles para saldarla parcialmente pero en condiciones que deben ser negociadas en un marco de legítima desconfianza.
Lamentablemente no son los temas que debaten los líderes parlamentarios con los delegados de un presidente que enfrenta el invierno boreal por asistir al foro mundial del poder económico. Tampoco se escucha la opinión de los legisladores salteños, que seguramente esperan el mandato de sus referentes políticos, aunque no necesariamente coincida con el que les dio el pueblo.
Salta, 22 de enero de 2025
