Resistencia

El proceso seguramente no ignorará que, a nivel nacional, se ha determinado que los ajustes salariales que se determinen en las negociaciones colectivas, no deben superar el 1% mensual. Los acuerdos que no se adecuen a esa pauta no serán homologados por la Secretaría de Trabajo. La posición es lo suficientemente fuerte al punto que logró que el aumento de los camioneros -una especie de nave insignia de la lucha sindical- se reduzca a un tercio de las pretensiones iniciales. En tanto, están en revisión los acuerdos paritarios del sector gastronómico y de la sanidad; involucran a referentes sindicales  que hasta ahora eran interlocutores de los gobiernos con capacidad suficiente para imponer condiciones al poder político. Baste citar los nombres de Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Héctor Daer.

Es cierto que las decisiones del Gobierno Provincial son autónomas respecto de las determinaciones del Ejecutivo nacional pero se ha abierto un paraguas bajo el cual se podrán cobijar todos los estados subnacionales, a la hora de negociar salarios con sus trabajadores. Precisamente Salta ya ha sentado un antecedente que no debe ignorarse.

La última paritaria no demandó el acuerdo del amplio abanico de gremios estatales. La oferta del gobierno se impuso a través de una decisión administrativa de la Coordinación Administrativa de la Gobernación, a cuyo titular Nicolás Demitrópulos, acompañaron las firmas de los ministros de Economía, Roberto Dib Ashur; de Educación, Cristina Fiore y de Salud, Federico Mangione.

Esa fue la vía utilizada para cerrar las discusiones e imponer un incremento salarial del 14%, calculado sobre la base del mes de diciembre de 2023, pagadero en tres tramos, el último de los cuales se abonó con el sueldo del último mes de 2024. También se dispuso una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo y no bonificable de 100 mil pesos, la que se abonará precisamente el 17, día que se reanuden las paritarias.

La pretensión del Gobernador Gustavo Sáenz de atender las necesidades socioeconómicas de los trabajadores de la Administración Pública, que enfáticamente destaca la Decisión Administrativa 518 del 30 de octubre pasado, se ajustó a las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia, disponiendo un incremento salarial acorde a la realidad económica del Gobierno y no a la demanda expuesta por los gremios de cada sector. El 14% otorgado quedó muy lejos del 30% que el Frente Gremial Estatal  había requerido para el último trimestre del año, a fin de compensar la significativa caída del poder adquisitivo de los estatales, expresado en sus salarios y generada por el sostenido aumento de la inflación.

Con presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal, todo indica que las pretensiones gremiales no deben exceder ese marco, además de considerar que al resto de los trabajadores argentinos les cae un cepo dispuesto por el Ministerio de Economía de la Nación, uno de los guardianes de la lucha por el superávit fiscal que asegura el descenso de la inflación.

Con un conglomerado sindical debilitado por la falta de apoyo social, la dirigencia debe estar analizando si atiende las señales de una masa laboral que no reclama medidas de fuerza. Seguramente insistirá en algunas reivindicaciones para no abandonar una lucha por el poder, que se sostiene en la resistencia a reformas que parecen inevitables.

Salta, 13 de enero de 2025