El Gobierno negó que vaya a cerrar la ex ESMA

En diálogo con Ámbito, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó este sábado que el Gobierno vaya a cerrar el Espacio de Memoria de la exESMA, como denunció la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También desestimó las acusaciones de ATE sobre un desmantelamiento de las políticas públicas del área.

Desde que asumió en la Secretaría de Derechos Humanos, el exjuez Alberto Baños habló poco con la prensa y casi no se expresó sobre las políticas que lleva adelante en un área tan sensible. Esta vez decidió contestar a las denuncias en su contra hechas por Carlotto y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En diciembre hubo despidos en la Secretaría que encabeza Baños y se anunció el cierre, asegura que temporal, del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la exESMA.

Tras estos anuncios, Carlotto advirtió el viernes pasado que el gobierno de Javier Milei "quiere cerrar la exESMA". Baños lo negó rotundamente.

"Miente. De hecho estamos trayendo otras dependencias al predio. CIPDH (Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos) y Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), por ejemplo. Pronto hasta el propio ministro estará en el lugar", aseguró Baños.

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Otro episodio que generó un repudio masivo fue el anuncio del "cierre" del Centro Cultural Haroldo Conti. El mensaje fue enviado a los trabajadores por whatsapp el 31 de diciembre al mediodía. En el mismo, hablaba de "una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante". Desde Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que busca su cierre definitivo.

En diálogo con este medio, Baños aseguró que, en realidad, se trata de un "cese" para realizar una reestructuración. "No se podía hacer todo eso con la gente en la puerta. El sindicato entrando a los edificios etc.", consideró.

El anuncio fue hecho luego del cese de un gran número de contratos bajo la modalidad ACARA, que afectó a varias áreas de la Secretaría de Derechos Humanos y diezmó el personal del Centro Cultural Conti. Desde los sindicatos rechazaron los despidos y pidieron la reincorporación.

Despidos y desvinculaciones en la Secretaría de Derechos Humanos

Según denunció ATE, entre despidos y reincorporaciones, a comienzos de diciembre la Secretaría de Derechos Humanos contaba con 200 trabajadores menos de los que tenía cuando asumió el actual Gobierno. Para el sindicato se trata de un "desmantelamiento" del área. "Otra mentira", responde el secretario Baños. Afirma que "había cientos que estaban nombrados y no iban".

A esta situación, se agregó un nuevo capítulo a fines de 2024. Para esa fecha se terminó en el Ministerio de Justicia una modalidad de contratación llamada ACARA, financiada por una asociación de registros automotores. Eran 2400 trabajadores en total. Hubo promesas de algunas recontrataciones, pero nunca hubo un anuncio oficial. Mientras, quiénes tenían estos contratos ACARA se les "propuso" firmar un retiro voluntario a pagar en cuotas. El 30% no aceptó y fueron desvinculados definitivamente y les comunicaron que les pagarían la mitad de la indemnización que les corresponde.

Esta medida generó protestas de los sindicatos. En especial de ATE, que realizó ruidazos y movilizaciones en los lugares de trabajo. Desde la organización sindical, afirmaron a Ámbito que hubo reiterados pedidos de reuniones y pedidos de reincorporaciones, pero no fueron atendidos.

El secretario Baños sostiene que se tratan de "atropellos". Y agrega: "Acá de lo que se trata es que no entienden que algunas cosas han cambiado después de tanto tiempo de atropello".

Con información de Ámbito