
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
El oficialismo habilitará las sesiones en febrero si tiene garantizada la eliminación de las PASO. Las prioridades del año serán la ley Antimafia y Seguridad Interior y las reformas económicas.
Política02/01/2025Con apenas dos días en 2025, Javier Milei ya tiene en agenda algunas iniciativas legislativas vinculadas con temas económicos, de seguridad y electorales. Mientras tanto, el Presidente define si convoca o no a sesiones extraordinarias.
El Gobierno se encamina a llevar adelante una agenda acotada en el Congreso, teniendo en cuenta que, a partir de marzo, el país ingresará en el terreno electoral por las elecciones de medio término, con desdoblamientos en varios distritos y con la intención, por parte del oficialismo, de aumentar su caudal de diputados y senadores nacionales. Hoy, La Libertad Avanza cuenta con 39 representantes en la Cámara baja y 6 en el Senado, tras el alejamiento del formoseño Francisco Paoltroni, expulsado de las filas oficiales por oponerse a la designación del juez Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia.
En Casa Rosada y en el Congreso estiman que habilitar al Parlamento para sesiones extraordinarias durante febrero solo se hará si los libertarios tienen garantizada la eliminación de las PASO. Distintos sectores, incluido el PRO, con los últimos anuncios realizados por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, impulsan la suspensión de las elecciones primarias para este 2025.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista Nicolás Mayoraz, hay un proyecto de UxP para suspender las PASO, varias iniciativas para modificarlas y la eliminación de las mismas, que impulsa el Poder Ejecutivo.
Las medidas económicas
“Lo que ha hecho el gobierno del presidente Javier Milei en 2024 es extraordinario. Evitó la mega crisis plantada por el kirchnerismo, hizo que la economía recuperara todo lo perdido al comienzo y se apresta, en 2025, a crecer mínimo un 5% con una inflación máxima del 20%. ¡Feliz 2025!”, posteó en las redes sociales el diputado libertario José Luis Espert en las últimas horas del año, en referencia a los logros en materia económica del presidente.
En la oposición, el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, dijo: “El año comienza sin una nueva Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. Desde la recuperación de la democracia en 1983, nunca antes un presidente había decidido no tener presupuesto propio durante dos años consecutivos. Ante este escenario, la Ley de Administración Financiera es muy clara: ‘Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior’ (artículo 27, Ley 24.156)”.
El Gobierno mantendrá su estrategia de llevar adelante desregulaciones económicas por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que le dieron exitosos resultados durante el año pasado. El diputado salteño Carlos Zapata señaló: “Acompañé cada una de las iniciativas de Javier Milei. Creo y apoyo el profundo cambio que está dando en el país La Libertad Avanza y quiero que Salta sea parte de ese cambio”.
Los oficialistas seguirán con la construcción política de mayorías para bloquear cualquier intento de derogar las medidas que dicte Milei por la vía de los decretos. Garantizarán acuerdos con la oposición dialoguista y los gobernadores provinciales para que no prosperen iniciativas como sancionar una ley de Presupuesto, eliminar el DNU que le permite al ministro de Economía, Luis Caputo, realizar el canje de deuda sin pasar por el Congreso, o modificar la ley sancionada por el kirchnerismo en 2006, por la cual se regula la utilización de los DNU. Varias iniciativas que la oposición crítica fueron intentadas meses atrás y no lograron las mayorías necesarias.
Leyes de seguridad
Otro de los desafíos del oficialismo será avanzar con el denominado paquete de proyectos vinculados con la seguridad. Se trata de la llamada “ley Antimafia” y la modificación de la “ley de Seguridad Interior”, entre otros, con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado, además de proteger a la sociedad.
Ambos proyectos fueron anunciados por la ministra Patricia Bullrich y defendidos por el ministro de Defensa, Luis Petri, en las comisiones de la Cámara de Diputados, dejando en claro que “estamos convencidos de que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y las herramientas de la Constitución”.
Por ahora, los cambios a la ley de Seguridad Interior solo se discutieron en reuniones informativas en la Comisión de Defensa, que preside Ricardo López Murphy (Encuentro Federal).
Mientras tanto, la ley Antimafia ya cuenta con la sanción de Diputados, con 137 votos a favor y 92 en contra, y ahora, en 2025, estará en consideración del Senado. Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales, presididas respectivamente por Carolina Losada (UCR) y Juan Carlos Pagotto (LLA), emitieron los dictámenes correspondientes y están en condiciones de llegar al recinto.
La norma establece una reforma al Código Penal para penalizar de la misma forma a todos los miembros de las organizaciones criminales. Es decir, la pena más alta que reciba un miembro de la organización delictiva será aplicada también al resto de los integrantes de la banda, más allá del nivel de participación que el acusado haya tenido en el grupo.
El Congreso oficialmente retomará su actividad el próximo 1 de marzo, con la inauguración de un nuevo período ordinario de sesiones. Podría reiniciar su actividad antes si el presidente Milei convoca a sesiones extraordinarias. En Casa Rosada no lo descartan, pero sería para habilitar el tratamiento de una reforma política que incluya la eliminación de las elecciones primarias PASO.
Con información de TN
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
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