La última Acta de Labor Parlamentaria contenía sólo tres puntos pero su tratamiento insumió 7 horas. Los temas no permitían ninguna dilación si de lo que se trataba era de cerrar la casa, dejando su interior en orden.
Fue un debate amplio pero que dejó muchas dudas. El pequeño sector de la oposición puso en la discusión datos emergentes de los proyectos girados por el Poder Ejecutivo, que advierten sobre situaciones que merecen mucha consideración y que la sociedad debería atender. Desde el oficialismo solo hubo una ratificación de lo que se les había girado e informado a través de los principales ministros involucrados en las cuestiones en tratamiento.
La Cámara baja trató en la sesión del martes el proyecto de ley que prorroga la emergencia económica desde su vencimiento y por el término de un año. Esa vigencia ha superado las tres décadas y se sostiene en la necesidad de sostener el normal funcionamiento del Estado, el que -en algunas circunstancias- debe brindar respuestas extraordinarias y se debe poner en resguardo del principio de seguridad jurídica. Ello así pese al contexto de equilibrio fiscal en el que insiste el Gobierno que se gestiona la Provincia. En el debate se ha planteado como una contradicción, a la vez que hubo diputados que advirtieron que la ley de adhesión a la emergencia económica nacional no debiera prorrogarse por cuanto dicha emergencia cayó polo que no está expresamente señalado. Se dijo también que la gestión actual se preocupa por pagar sus deudas con entidades internacionales y con el Gobierno Nacional, pero se escuda en la emergencia a la hora de cumplir con los acreedores salteños.
También se trataron las Cuentas Generales de los Ejercicios 2020, 2021 y 2022. Al respecto, se destacó la inconsistencia de las mismas teniendo en cuenta observaciones y demandas no satisfechas de documentación que corroboren el movimiento de recursos. Un dato que da cuenta de irregularidades -en el mejor de los casos- y que sustentarán una denuncia ante la Justicia Penal fue expuesta por la bancada del PRO. Hay salida de fondos no presupuestados y que no fueron rendidos en los tres ejercicios analizados por una cifra, a valores históricos, de 61 millones y medio de dólares.
El tratamiento del Presupuesto General de la Provincia - Ejercicio 2025, fue otro tramo en el que la oposición expresó severos reparos. Uno de ellos apunta a la cesión de facultades al Ejecutivo, a través de 11 artículos de la ley que ya tiene media sanción y fue girada al Senado para su tratamiento. Esta cesión le permite al Gobernador incluso tomar créditos sin demandar la autorización legislativa, como exige la Constitución. También se le delgada la facultad de trasferencia de partidas entre jurisdicciones, convirtiendo al presupuesto en apenas una sugerencia de cómo debieran manejarse ingentes sumas de dinero, que son recursos públicos e ignorando que es una manda legal. De ello resultan millonarias erogaciones sin partidas presupuestarias, que se emprolija años después, mientras que el plan de obras públicas se convierte en un dibujo porque lo acordado en la Legislatura se cumple según la voluntad de un mandatario que, incluso, incorpora obras no autorizadas.
Tampoco se salvó el federalismo, bandera que enarbola Gustavo Sáenz como sello de su gestión. Por cada 10 pesos de coparticipación que ingresa a las arcas provinciales, solo uno va al interior. Se puede discutir este cuestionamiento, en orden al peso de las responsabilidades del Estado Provincial pero no invalida una discusión al respecto.
Es importante que la Legislatura vaya cumpliendo su responsabilidad en las áreas de decisión que les son propias; en especial, su tarea de participación en la distribución de los recursos y, en especial, de su control. Es en ese punto en el que ese poder escribe su historia.
Salta, 18 de diciembre de 2024
