La fiscal solicitó que se revoque el fallo por el que fueron absueltos y se mantenga firme la sentencia del Tribunal de Juicio de Orán, que los había condenado a prisión perpetua.
Judiciales13/11/2024
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Fiscalía de Impugnación 1, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución emitida el 28 de octubre de 2024 por la Sala 2 del Tribunal de Impugnación. Dicha resolución aceptó los recursos de casación interpuestos por la defensa de Victoria Bernarda Britos, Miguel Hugo Espinoza y Leonardo Sebastián Agustín Nieva, absolviéndolos por el beneficio de la duda del delito de homicidio calificado por alevosía, en calidad de coautores.
Britos, Espinoza y Nieva habían sido habían sido condenados a prisión perpetua por el homicidio calificado de Carlos Enrique Pirona el 26 de marzo de 2024.
Luego de la liberación de los condenados, la Fiscal presentó un Recurso de Inconstitucionalidad argumentando que se produjeron vicios en la selección y valoración de las pruebas. Según expuso, la decisión del Tribunal de Impugnación se sustentó en una valoración fragmentaria de los indicios, omitiendo pruebas claves y conducentes para la resolución del caso, lo que vulneró el principio de inmediación.
Argumentó además, que el Tribunal incurrió en omisiones y falencias al verificar hechos conducentes para la decisión del litigio, lo que impidió una visión integral de las pruebas presentadas. Asimismo, sostuvo que el fallo resulta arbitrario, ya que se basa en un análisis parcial e inadecuado del plexo probatorio, lo cual descalifica la resolución como un acto jurisdiccional válido y vulnera los principios del Estado de Derecho. Por último, precisó que la resolución cuestionada carece de fundamentos suficientes y está desprovista de apoyo legal, basándose únicamente en la voluntad de los jueces que la suscriben.
La fiscal Salinas Odorisio solicitó la admisión del Recurso de Inconstitucionalidad por Arbitrariedad contra la resolución y su elevación a la Corte de Justicia. También requirió que se revoque el fallo emitido por la Sala 2 del Tribunal de Impugnación de Salta y que se mantenga firme la sentencia dictada por la Vocalía 1 de la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Orán.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Fueron imputados tres hombres detenidos como sospechosos de haber tenido participación en el hecho ocurrido durante la noche del viernes en la zona oeste de la ciudad. Se abstuvieron de declarar.
Aseguran que el proyecto de ley permitirá que la justicia actúe con independencia frente a denuncias y causas judiciales, fomentando una mayor transparencia en los cargos públicos.
Ayer martes la Legislatura provincial aprobó la intervención del municipio, cuyo intendente Atta Gerala enfrenta una investigación judicial por robo y contrabando.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
La entidad expuso la necesidad de trabajar “codo a codo” con el ministro de Salud, Federico Mangione, para implementar un plan de salud “serio”.
Los ediles dieron visto bueno al convenio celebrado entre la Municipalidad y las firmas La Lucinda S.A. y Santa María del Carmen S.A. Se trata de 868 hectáreas que serán destinadas a parques naturales, desarrollos inmobiliarios y una playa de transferencia.