Ivana Chañi
El fiscal federal Eduardo Villalba formalizó la imputación de graves delitos en contra del intendente de Coronel Juan Solá, también conocido como Morillo, Atta Gerala, en el marco de la investigación que se le sigue por robo y contrabando de rieles. Por otra parte, la fiscalía solicitó con éxito el levantamiento del secretario bancario, fiscal y bursátil, al igual que el arresto domiciliario del jefe comunal hasta el 31 de diciembre próximo. Por el hecho también fue detenido su hijo, José Miguel y el comerciante David Edilberto Medina. La causa está a cargo del juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.
Ante este panorama, la pregunta es cuánto falta, o no, para que la Legislatura intervenga al municipio. Cabe mencionar que Gerala pidió licencia y en su lugar asumió interinamente el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Ruiz.
Aries dialogó con el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, - de reconocida experiencia en intervenciones- explicó que la intervención en Morillo podría aplicarse solo en caso de que el intendente Atta Gerala, actualmente renuncie o si se produce una crisis social en el municipio. “En la medida que no haya una conmoción social. El método también constitucional es que Gerala presente su renuncia y asuma el presidente del Concejo la Intendencia”, indicó Zigarán, señalando que esta sería una salida constitucional a la situación.
Gerala enfrenta cargos no solo por el robo y contrabando de bienes públicos, sino por el uso de recursos del municipio, lo que podría allanar el camino a la intervención. Sin embargo, Zigarán aclaró que la intervención no se justifica únicamente por los cargos judiciales. “La imputación es un remedio constitucional con la conmoción social que ocasiona”, subrayó, indicando que solo una crisis visible en la comunidad podría dar lugar a medidas extraordinarias.
El interventor también destacó que la figura del presidente del Concejo podría reemplazar a Gerala en el caso de contar con el consenso del pueblo. “Si la figura del presidente del Concejo tiene consenso dentro de lo que es el pueblo, tranquilamente él podría continuar hasta el final del mandato”, explicó Zigarán. Sin embargo, si surgen disputas o se intensifica la tensión social, la Legislatura o el Ejecutivo provincial podrían tomar la determinación de intervenir.
Zigarán recordó casos previos de intervenciones por corrupción y robo de bienes públicos, como el del ex intendente de La Viña, quien fue destituido tras ser hallado culpable de malversación durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. “Acá se llevaron como 200 km de rieles”, dijo el interventor, aludiendo a la magnitud del delito.
