Detectan nuevas irregularidades en compras para comedores

Una auditoría de la Oficina Anticorrupción reveló anomalías graves en las compras realizadas por asociaciones sociales que gestionaban comedores. En un caso, una de estas organizaciones adquirió 710 kilos de carne, supuestamente para comedores, pero que terminaron siendo dirigidos a un centro cultural vinculado a Juan Grabois. Otras irregularidades incluyen facturas de alimentos en provincias donde los comedores no funcionan, y compras de productos de limpieza en tiendas de organizaciones sociales. La Fiscalía no avanzó con imputaciones pero continúa investigando las pruebas aportadas por el Ministerio de Capital.

En la rendición de cuentas de la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros” apareció un remito de 710 kilos de carne emitido por la empresa “Black Angus SRL”. No especifica los cortes ni el tipo de carne. Pero lo más llamativo fue la dirección de entrega. En ese lugar funcionaba un centro cultural y de reciclado, en el que la organización “Frente Patria Grande - Tres Banderas” desarrollaría actividades culturales y político-partidarias. Ambos responden al ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois. El hallazgo es solo un ejemplo de las irregularidades detectadas por la Oficina Anticorrupción (OA) al revisar las rendiciones de cuentas de los comedores populares, que recibían alimentos y subsidios millonarios por parte del Estado. El informe completo, al que tuvo acceso Infobae, forma parte de la causa judicial.

El organismo a cargo de Alejandro Melik, que actúa en ese expediente como querellante, sostuvo que hay pruebas suficientes para avanzar con imputaciones concretas contra referentes de distintas organizaciones sociales como parte de una maniobra de defraudación. A eso se suma la posible responsabilidad de ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que no habrían controlado el funcionamiento ni las rendiciones de los comedores.

La investigación de la OA detectó decenas de facturas por la compra de alimentos en comercios ubicados a cientos de kilómetros de los comedores, incluso en otras provincias.

La Asociación Civil “18 de mayo” declaró 200 comedores y merenderos ubicados en distintas provincias, pero las compras para abastecerlos se centraron en la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Misiones, Tucumán, La Rioja, Mendoza, Jujuy, Chaco, y en algunos partidos del Conurbano. Con toda la información, los investigadores elaboraron un mapa que muestra las distancias entre comedores y comercios.

En 2021 y 2022, esa misma asociación declaró 159 comedores. Las rendiciones revelaron que se hicieron compras en provincias donde no había comedores, generando enormes gastos de logística. “Los ejemplos más llamativos se vinculan con la compra de huevos, abonadas en efectivo a la Distribuidora AvriZu de la localidad de Puerto Madryn (Chubut); de carne y otros productos, al proveedor “44 Héroes”, de Río Grande (Tierra del Fuego); y de cordero al Frigorífico Adonai, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn”, puntualizó el relevamiento oficial.

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Algo similar ocurrió con la Asociación “El Amanecer de los Cartoneros”, que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CTEP. En 2020, rindió subsidios por comedores ubicados en La Pampa, Catamarca, Chaco, La Rioja y Tucumán, pero no se registraron compras en esas provincias. Y en 2022 la situación se repitió. En ese caso, el subsidio era para comedores de La Pampa, Misiones, Neuquén, Jujuy, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Salta.

“El Amanecer de los Cartoneros” recibió $1.124.752.424 en subsidios durante el gobierno de Alberto Fernández. En noviembre de 2023, tal como reveló Infobae, la Dirección de Planificación y Evaluación de Política Alimentaria del ex Ministerio de Desarrollo Social realizó varios cuestionamientos a la última rendición realizada por esa asociación, de más de $170 millones.

Irregularidades administrativas

Un anexo del informe de la OA detalla una serie de irregularidades administrativas al momento de confeccionar las facturas como discordancia entre las actividades que registraban los proveedores ante la AFIP y los productos vendidos; reiteración de proveedores en los expedientes pertenecientes a distintas asociaciones civiles; fraccionamiento de la facturación (presentación de facturas correspondientes a la provisión de los mismos bienes, emitidas por un mismo proveedor, el mismo día y por idénticos montos); y vinculación entre proveedores.

Hay un caso muy llamativo. La asociación civil “La Salud en Comunidad” realizó compras en la “Cooperativa de Trabajo Ahorremos”, que inició sus actividades el 20 de enero de 2022 y emitió sus primeras dos facturas el 28 de septiembre de ese año. Además, pese a no estar registrada para la venta de productos de limpieza, facturó “Lavandina x4lt”, “Limpiador de piso x4l”, “Detergente x4, 5lt” y “Trapo de piso” por un valor total de $569.160.

A eso se agrega otro detalle insólito. Según bases comerciales, el domicilio fiscal de la Cooperativa es Lisandro De La Torre 3957 (Caseros), donde funcionaría un comercio asociado a la UTEP y a la organización Barrios de Pie. “De ello resulta el incumplimiento de la cláusula octava del convenio celebrado con el ex Ministerio de Desarrollo Social, que prohíbe la compra de bienes a empresas con las que puedan plantearse conflictos de interés por su vinculación con los miembros de la organización”, concluyeron los expertos de la OA.

La sede social de la Cooperativa de Trabajo Ahorremos, en Caseros.

Otra trampa utilizada por las organizaciones sociales era falsificar la cantidad de personas alimentadas en los comedores, para obtener mayores subsidios. El caso de la “Asociación Civil Judith Presente Centro Comunitario” llamó la atención de los investigadores. En octubre de 2020 solicitó apoyo alimentario para 42 comedores, a los que supuestamente concurrían 3208 personas. En marzo de 2022 hizo el trámite para 34 comedores, a los que asistían la misma cantidad de personas. Y en diciembre de 2022 la cifra de comedores bajó a 27, pero las personas alimentadas seguían siendo 3208.

En el informe de la OA hay muchos casos de proveedores que se repiten en las rendiciones de diferentes asociaciones. No sería una casualidad.

Los investigadores puntualizaron el caso del proveedor “Grupo 613 S.A.”, que vendía fideos de diversos tipos, arroz, atún, aceite y yerba a la “Asociación de Mujeres en Actividad Social (AMAS)” y a la “Asociación Civil SER.CU.PO”. Los dos domicilios registrados de ese proveedor, sin embargo, corresponden a una vinoteca y a un comercio de repuestos de motos.

En las direcciones de un proveedor que vendía fideos y arroz funcionan una vinoteca y un comercio de repuestos de motos.

El informe con todas las irregularidades forma parte del expediente judicial que arrancó con una denuncia del Ministerio de Capital Humano y está en manos de la Fiscalía de Ramiro González. La OA pidió que se cite a varias personas y se le pida colaboración a la Inspección General de Justicia (IGJ), al INAES, y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para profundizar la investigación sobre las asociaciones y las cooperativas en la mira. Pero la Fiscalía respondió que “no hay elementos para adoptar ese tipo de medidas (...) más aún cuando resta analizar la gran cantidad de prueba aportada por el Ministerio de Capital Humano”.

La última presentación de los abogados de esa cartera puso la lupa sobre 36 comedores y merenderos que no existirían, pero recibían alimentos y subsidios monetarios para asistirlos.

Para recibir un subsidio o alimentos, alcanzaba con la inscripción en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM). Según los últimos datos, hay más de 40 mil pre inscriptos. Lo más grave fueron los resultados de la auditoría que realizó Capital Humano entre el 7 de febrero y el 17 de mayo de este año. Sobre un total de 3.385 comedores, el 47,5% nunca funcionaron o ya dejaron de funcionar y el 27% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales.