Ivana Chañi
La Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Salta expresó su profunda preocupación y rechazo frente al proyecto de divorcio en sede administrativa presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. A través de un comunicado, el Consejo de Administración de la entidad se pronunció en contra de la propuesta, argumentando que “la disolución de un vínculo familiar no es un simple trámite administrativo, puesto que involucra aspectos personales, patrimoniales y, muchas veces también, la situación de menores”.
La institución también advirtió que trasladar el proceso de divorcio a una instancia administrativa, sin la intervención de un juez, “pone en riesgo principios fundamentales del derecho de familia, el debido proceso, y los derechos de los involucrados”.
El comunicado resalta que, por todo lo antes expuesto, “el procedimiento debe garantizar, para ambas partes, la protección adecuada de sus derechos, lo cual solo puede lograrse mediante la intervención de profesionales idóneos como los abogados”. De igual modo, en el comunicado se refuerza la importancia de un juez en el proceso “actuando como control externo y neutral para prevenir abusos o desequilibrios de poder entre las partes involucradas, garantice la resolución imparcial del eventual conflicto”.
