Conflicto en la frontera: denuncian que cañeros bolivianos usurpan tierras salteñas hace 30 años

El avance de cañeros bolivianos sobre tierras salteñas, que comenzó hace tres décadas, ha cobrado nueva relevancia tras una denuncia ingresada la semana pasada en la Fiscalía Federal de Orán. En diálogo con  Aries, el periodista Antonio "El Tano" Oieni, quien ha seguido el caso durante años,  afirmó que "los cañeros no solo usurparon 12 catastros rurales en el departamento de San Martín, sino que desmontaron 2.500 hectáreas y contrabandearon 150.000 toneladas de caña de azúcar". Este conflicto generó desplazamientos forzados y violencia hacia las comunidades originarias, quienes han sido atacadas con machetes por los usurpadores.

El conflicto se concentra en la franja fronteriza del Río Grande de Tarija, una zona clave en el norte de Salta, que Oieni describió como "una cuña que parece una punta de flecha que se hunde desde Bolivia hacia Santa Victoria". Desde 1994, las comunidades guaraníes han denunciado la remoción ilegal de los hitos fronterizos que delimitan los territorios de Argentina y Bolivia. "Estamos hablando de un avance violento y sistemático sobre suelo argentino, a la vista de todos", afirmó Oieni, subrayando que las primeras denuncias datan de hace 30 años, en la década del ´90, sin que hasta ahora hubiera una respuesta contundente.

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Recientemente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se hizo eco de la gravedad de la situación y  -  a través de la red social X – aseguró que “no se permitirá que extranjeros ocupen territorio argentino ilegalmente" y anunció que se incautarán las plantaciones ilegales de Bolivia. En tal sentido, Gendarmería Nacional, previa inspección, delimitó la zona con GPS.

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"Por primera vez, se ve una presencia significativa de Gendarmería en la zona", destacó Oieni, refiriéndose al despliegue de la fuerza de seguridad en la zona de Santa Victoria y el departamento de San Martín.

El conflicto adquirió niveles diplomáticos. Oieni relató que Horacio Cruz Castro,  sindicado como uno de los principales usurpadores, llegó a denunciar a los originarios salteños en una fiscalía de Tarija, Bolivia, adjudicándose la propiedad de la isla Valle Dorado, parte del territorio en disputa. Sin embargo, la Cancillería boliviana intervino y confirmó que las coordenadas presentadas por Cruz Castro se corresponden con territorio salteño.