El gobierno confirma que hubo otra visita "institucional" de diputados a genocidas

El gobierno confirmó que hubo otra visita de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas que están presos. A partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por Página/12, el Ministerio de Seguridad –que conduce Patricia Bullrich– informó que hubo inspecciones de carácter "institucional". Lo curioso es que se negó a dar los nombres de quienes ingresaron y a responder si en los dos últimos años había ingresado a las cárceles la vicepresidenta Victoria Villarruel –que solía ser habitué de los condenados por crímenes aberrantes.

Una foto conmocionó al mundo político: la que retrató a cinco diputados oficialistas junto a Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura. El retrato se tomó el 11 de julio, cuando Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci visitaron el Complejo Penitenciario VII --exUnidad 31-- de Ezeiza.

Pero las visitas de los diputados oficialistas no se circunscribieron al penal de Ezeiza, donde están alojados, entre otros, represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –como Antonio Pernías, Adolfo Donda o Alberto González– o el exintegrante del Batallón de Inteligencia 601 Raúl Guglielminetti. Hubo visitas también al penal de Campo de Mayo.

Según el Ministerio de Seguridad, diputados nacionales realizaron “inspecciones (recorridas) de carácter institucional” por Ezeiza y Campo de Mayo. La de Campo de Mayo fue el 15 de marzo. Exactamente ocho días después de que Luis Petri mandara a dos de sus funcionarios al lugar: el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar Guillermo Madero –que solía referenciarse en Villarruel– y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Miles Erbes.

Benedit y Ferreyra habían estado en la guarnición militar para principios de año. Después de esa visita, Benedit hizo un posteo conmovido en su cuenta de Instagram y escribió que estaba trabajando para la “pronta liberación de todos los patriotas”. En ese momento, la presencia de los diputados había sido difundida por la Unión de Promociones (UP), uno de los grupos que impugnan los juicios de lesa humanidad y que le pidió el año pasado a Javier Milei una “solución definitiva” para los militares presos.

Después de que estalló el escándalo por la visita a Astiz, Arrieta se mostró arrepentida por la visita, denunció a tres de sus compañeros de bancada y aportó tres grupos de WhatsApp en los que se discutía cómo mejorar las condiciones de los presos por crímenes contra la humanidad. En uno de esos chats surgía que Benedit estaba organizando una visita para el 15 de marzo de este año y que había hablado con Bullrich para facilitar el ingreso de los visitantes.

El gobierno no habla de visita sino de “recorrida” o de “inspección". Es el mismo término que emplearon los diputados en los descargos que hicieron ante la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y ante la comisión de Asuntos Constitucionales. Allí plantearon que fueron a comprobar que las cárceles fueran sanas y limpias, como lo ordena la Constitución nacional, para evitar algún tipo de sanción por parte de la Cámara Baja.

Benedit –que fue el único que se atrevió a hablar de una “revancha”-- dijo que había ido a inspeccionar el lugar. El tono se diferenciaba claramente con los mensajes que envió a sus compañeros de bloque –y que estos filtraron– en los que se refería a los criminales de lesa humanidad como “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”.

Después de la visita, los diputados no le hicieron llegar a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ninguna nota dando cuenta de las condiciones de detención que encontraron en el lugar –de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad. En agosto, el juez Adrián Grünberg, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, había preguntado si había alguna observación por parte de los representantes de la Cámara baja, y la respuesta fue igualmente negativa.

La idea de una inspección contrasta con lo que dejaron trascender después de la escapada a Ezeiza tanto Bonacci como Arrieta. Ninguna de ellas mencionó una recorrida por las celdas u otros espacios. Por el contrario, dijeron que se habían reunido en el Salón de Usos Múltiples (SUM).

Sin interés público

En la mañana del 31 de julio, Benedit le escribió un mensaje a Arrieta. Quería contarle que el día anterior habían tenido una buena reunión del bloque de LLA. “Hay que funcionar como bloque, nos pidieron. Guillermo expuso muy bien la verdad anoche, incluso contó que el año pasado visitó un penal donde había presos de estas causas con VV, Asseff, Zapata y otros más –todos de Cambiemos en ese momento y no pasó nada. No somos los primeros en las visitas humanitarias”, se explayó.

Arrieta aportó esos mensajes en la justicia federal de Lomas de Zamora y los incluyó en su descargo ante la Cámara de Diputados. De esa comunicación se entiende que Montenegro habría ido con Villarruel a las cárceles a ver presos de lesa cuando aún era su asesor, y que lo habrían hecho acompañados por otros diputados.

En esa línea, este diario le preguntó al Ejecutivo si efectivamente se registraban ingresos de Villarruel, entre otros, en los últimos dos años en el Servicio Penitenciario Federal. Asombrosamente, el Ministerio de Seguridad respondió que no podía proporcionar la información porque estaban en juego datos personales –afectación curiosa dado que la consulta estaba orientada hacia funcionarios públicos, diputados nacionales y la vicepresidenta de la Nación. “Sobre la base del análisis efectuado hasta aquí, la información no podrá ser brindada por no constatarse la existencia de un interés público que justifique su cesión”, escribió Diego Hernán Goldman, subsecretario legal del Ministerio de Seguridad.

Milei se despegó públicamente de la visita al penal de Ezeiza: dijo que no era su agenda. Cuando le preguntaron si era la de su vice, respondió que habría que investigarlo. Más explícita fue la diputada Lilia Lemoine, que incluso le recriminó a Villarruel que no se hiciera cargo del cónclave con los represores y dio a entender que los diputados que habían ido de visita le respondían.

Desde que el 16 de julio pasado estalló el escándalo, Villarruel guardó silencio. Hace tiempo que se sabe que ella visitaba a los presos por secuestrar y desaparecer. La activista Cecilia Pando contó que fue la actual vice quien la acercó a la causa de los “presos políticos” y su marido, Pedro Mercado, relató que ella organizaba visitas al dictador Jorge Rafael Videla cuando estaba en arresto domiciliario.

La abogada Guadalupe Godoy mostró que en la causa por la desaparición de Jorge Julio López había constancias de que Villarruel visitó a Norberto Cozzani, mano derecha de Miguel Osvaldo Etchecolatz, y que el exdirector de Investigaciones de la Bonaerense tenía su contacto en el cuaderno en el que diseñaba su estrategia de defensa. El Destape también reveló encuentros con el “Gato” González –considerado su mentor–, con Juan Daniel Amelong y con Héctor di Pasquale, entre otros. La actual vice no negó esas visitas. Las justificó diciendo que eran parte de un trabajo de campo para un libro que estaba escribiendo. Lo curioso es que los encuentros siguieron después de que la publicación saliera a la luz.

Página12