
En base a la información operativa recabada durante la última crecida del Río Pilcomayo, el organismo delineó las acciones en territorio ante una eventual emergencia.
El diputado nacional por Río Negro, Agustín Domingo, explicó la decisión en representación del bloque que integran los legisladores salteños, Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes.
Salta11/09/2024La Cámara de Diputados vivió una intensa sesión especial en la que se debatió el veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria. La reforma, aprobada previamente por el Congreso, proponía un ajuste en los haberes de los jubilados que incluía un 8% adicional para compensar la inflación de enero. Sin embargo, el veto presidencial ha generado una fuerte controversia en el recinto. "La fórmula de ajuste que votamos aquí tenía muchas virtudes, no solo mejoraba los ingresos de los jubilados, sino que evitaba una catarata de juicios", expresó el diputado nacional por Río Negro, Agustín Domingo, en representación del Bloque Innovación Federal, mismo que integran los salteños Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, hasta aquí una incógnita.
Uno de los puntos más debatidos fue si el veto respondía a razones fiscales o políticas. "Es mentira que no sea fiscalmente viable el cambio en la fórmula. El costo era de apenas 0.4 puntos del PBI, un monto absolutamente pagable", afirmó el legislador. Además, argumentó que el ahorro generado por la reducción de transferencias discrecionales a las provincias podría haber cubierto ese costo sin problemas.
Desde el bloque Innovación Federal, su representante explicó la postura del partido frente al veto. "Entendemos perfectamente lo que es gobernar con una minoría, lo hacemos en nuestras provincias", dijo, refiriéndose a la necesidad de alcanzar acuerdos con la oposición para sancionar leyes. Sin embargo, señaló que no apoyaron ni rechazaron el veto presidencial. "No votamos en contra de esa decisión política, pero tampoco la convalidamos. Nuestra posición es la abstención", sentenció.
El debate también incluyó referencias a los costos futuros que el veto podría generar. "Estos son juicios que el Estado va a perder, lo que significa un mayor gasto a futuro que se está barriendo debajo de la alfombra", advirtió Domingo, subrayando que, lejos de ser un ahorro, la decisión podría derivar en costos más altos debido a fallos judiciales desfavorables.
Finalmente, el bloque Innovación Federal reafirmó su posición, destacando que el veto era una decisión política más que fiscal. "Lo último que queremos es desestabilizar, pero tampoco podemos apoyar una medida que no consideramos correcta", concluyó el legislador.
En base a la información operativa recabada durante la última crecida del Río Pilcomayo, el organismo delineó las acciones en territorio ante una eventual emergencia.
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