La precariedad laboral en Argentina supera el 40%

La administración de Javier Milei avanza con su plan de inanición económica y disciplinamiento social, ante la parsimonia de una oposición subsumida en chicanas de Palacio. La precariedad laboral, entendida como la proliferación de trabajos sin registración y otras modalidades como el cuentapropismo, el monotributo, u empleos que no llegan a cubrir niveles dignos de ingresos, se ubica en el 46,8% de la fuerza laboral de todo el país. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el guarismo se ubica en el 70%. Trabajadores pobres que no logran cubrir el costo de una canasta básica.

Estos resultados se desprenden de la última base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Indec y analizada por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina el economista Claudio Lozano. “Esta es la foto de una Argentina que viene de atravesar un período de fuerte regresividad en términos distributivos, con enfriamiento de la actividad económica en el marco del acuerdo con el FMI y con un mercado interno que se deteriora”, grafican desde el IPyPP.

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En la primera fase del programa económico de la casta mileista, la pobreza llegó al 58,6% (descontado el circunstancial pago de los aguinaldos), es decir, 13 puntos porcentuales más que los valores registrados al cuarto trimestre del año pasado. En otras palabras, este salto implicó que 7,8 millones más de personas cayeran bajo la línea de pobreza.

La información desagregada sobre las condiciones laborales de extrema precariedad para casi la mitad de los trabajadores del país corresponde a los primeros tres meses de la gestión Milei. Un programa de inanición económica y disciplinamiento social de shock, agravado tras la sanción de la estructura jurídica de la Ley de Bases (reforma laboral) y el DNU 70/23.

“Las dificultades que presenta la matriz productiva argentina para generar suficientes ocupaciones de calidad, ya sea en términos de ingresos, estabilidad y/o acceso a un conjunto de derechos sociales, se han agravado en los últimos años, lo cual se expresa en los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia. Casi una cuarta parte de los trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 79% corresponde a ocupaciones de baja calificación”, puede leerse en el trabajo del IPyPP.

Al incorporarse las diferentes dimensiones vinculadas a los problemas laborales–el desempleo, contrataciones precarias, cuentapropismo, o los ingresos inferiores al piso mínimo legal- la precarización trepa al 46,8% de la fuerza laboral. La tasa de desprotección laboral pasó del 41% durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri y de ahí en más fue profundizándose hasta recrudecer con la casta mileista y su silencioso genocidio del hambre.

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Al primer trimestre de este año, el 35,7% de la población asalariada era considerada “informal”, indicador que asciende al 66,7% para la población juvenil. “Al primer trimestre 2024, el 45% de los ocupados son pobres. El flagelo social impacta diferenciadamente según la categoría ocupacional que se disponga. Los asalariados no registrados son los más pobres con una tasa del 66,1%, en segundo lugar, se encuentra el trabajo por cuenta propia (54,6% es pobre) y luego los asalariados formales que cuenta con el 30% de trabajadores pobres”, puede leerse en el informe coordinado por Lozano. La evolución respecto al último trimestre de gestión del gobierno anterior indica que la velocidad del empobrecimiento fue mayor para el segmento formal de los trabajadores y trabajadoras.

Los ingresos de los trabajadores en sus diferentes variables de contratación también dan cuenta de la pauperización social conseguida a partir de un empresariado que supo apropiarse de la riqueza generada por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

“Al primer trimestre, los ingresos en promedio rondaron los $342.159 mensuales. Tanto aquellos cuentapropistas como el segmento asalariado informal se encuentran significativamente por debajo de ese monto. En el primer caso, con ingresos que promediaron los $175.490, mientras que en el segundo caso alcanzaron los $189.954”, publicó el Indec. Dentro de este escenario, el 31,5% de los trabajadores y trabajadoras obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil.

Desempleo

Dentro de los desocupados y desocupadas, el 18% de los casos ocurrió en el sector del comercio, en línea con la baja del consumo y la licuación de los ingresos de la población. Otro 16,9% de los empleos destruidos pueden contabilizarse en el sector de la construcción, mientras que la industria manufacturera aportó el 13%. Ambos resultados se explican por la decisión oficial de paralizar todas las obras públicas del país.

“El principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares. Además de la necesidad de apuntalar la política salarial, si el 70% de la fuerza de trabajo se encuentra precarizada es imprescindible también generar una política de ingresos que supere el esquema fragmentado y focalizado de la política social vigente, a fin de fijar un umbral de dignidad para el conjunto de la sociedad”, indicaron desde el IPyPP.

La idea de reducción de la jornada laboral como mecanismo de distribución de un excedente aparece en el horizonte; una suerte de batalla política y cultural de frente al discurso de la casta mileista del emprendedurismo y la meritocracia.

“Si se repartiera el excedente acumulado de horas trabajadas del total de sobreocupados/as, podrían liberarse casi 2,25 millones de ocupaciones y se resolvería el problema del desempleo. Si se acota el ejercicio a aquellos/as trabajadores sobreocupados/as que se desempeñan en una relación de dependencia formal, en tanto existen más mecanismos para hacer efectivos estos controles, el resultado sigue siendo contundente: se resolvería el problema del desempleo”, concluyó el trabajo coordinado por Lozano.  

Con información de El Destape