Sin pausa avanza el ordenamiento legislativo de los cambios propuestos por la gestión libertaria al país. Mientras se reglamentan las normas sancionadas, se abren nuevos frentes que promueven focos de conflictividad social.
Opinión13/08/2024
Sin garantías de realización se ha convocado para este miércoles a una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, con un orden del día de 18 proyectos presentados por distintos sectores políticos con representación parlamentaria. A esa extensa lista se sumó el que pretende declarar a la educación como servicio público esencial, mientras se aguarda que se apruebe el pedido de una segunda sesión, para la misma jornada, a fin de debatir los presupuestos universitarios.
La urgencia sobre este último punto se remite a un paro nacional en curso -con fuerte nivel de acatamiento en todo el país- de personal docente, no docente y administrativo de las casas de estudios, que demanda un ajuste presupuestario porque los recursos que se envían sólo cubren los gastos de mantenimiento y excluyen la necesaria actualización salarial. Es una medida de fuerza por 72 horas, que se inició el lunes, que en Salta tiene un acatamiento superior al 80% en el nivel universitario y es total en el preuniversitario. En tanto, desde abril pasado se viene trabajando en iniciativas para blindar a las universidades frente a los intentos del gobierno nacional de reducir las partidas que se asignan al funcionamiento de las universidades nacionales.
Por otro lado, también se ha logrado la inclusión en el temario de la sesión especial de este miércoles del proyecto que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial", con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por paros docentes. En el marco de la Comisión de Educación se logró un dictamen que unifica la posición de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal sobre ocho iniciativas que se presentaron para acordar la pretensión que ya estaba contenida en el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 70, sancionado en diciembre pasado.
El proyecto unificado también señala que el Gobierno nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de fuerza de docentes y no docentes y se deberá establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias. Esta intención tiene el rechazo de un sector gremial, que está solicitando a la confederación que los nuclea, que organice un paro para resistir al proyecto.
La dirigencia de algunos gremios y los legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores han definido que la Educación es un derecho y no un servicio y con la ley que se busca sancionar puede resultar afectado el ejercicio del derecho a la huelga. También se apoyan en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, a los que la Argentina adhirió y tienen rango constitucional, que establecen que la educación no es servicio público esencial, dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.
Se va fortaleciendo una corriente que demanda que la esencialidad sea demostrada al momento de elaborar el presupuesto, al asignar recursos y al negociar salarios. Con esa consigna es que se está organizando una convocatoria nacional, para definir medidas de fuerza.
El Congreso mantiene su centralidad en esta segunda parte del año porque a los proyectos que debe analizar y que se vinculan a la reforma del Estado, debe sumar el presupuesto que el Ejecutivo Nacional debe girar antes del 15 de septiembre. Las provincias deben fijar su posición.
Salta, 13 de agosto de 2024
Con mucha incertidumbre cierra una de las semanas de mayor intensidad política de este año electoral. El entramado de relaciones entre el gobierno nacional y los provinciales y entre distintos sectores políticos con representación parlamentaria, ha comenzado a renovarse por necesidad más que por convicción.
El arranque de la segunda mitad del año muestra una situación inestable, en la que sobresale la tensión entre el gobierno nacional y las Provincias y la creciente conflictividad social. En ese marco debe inscribirse la convocatoria a un plenario de la CGT Regional Salta.
La Patria libre volvió a cumplir años. Vengo de la querida vecina provincia de Tucumán, donde —como desde tiempos inmemorables— se volvió a vivir la emocionante liturgia de una de las fechas más simbólicas del calendario nacional.
A 209 años de un acto que definió la existencia de la Nación Argentina, se toma el peso de un proceso que no ha concluido. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de la corona española y se renunció a cualquier forma de dominación extranjera. Fue el primer paso.
La política salteña está convocada a una importante tarea en defensa de los intereses de la provincia. Frente a un modelo de administración que refuerza el centralismo a costa de un interior heterogéneo, cada sector debe sentar posición sobre avances reales y al margen de definiciones discursivas.
Lo que está en juego cuando el poder no tiene memoria.
El director del INTI Salta, destacó el respaldo de más de 200 cámaras industriales y 1000 pymes a la labor del instituto, y explicó cómo se trabaja a demanda de los gobiernos y entes provinciales, sin fines de lucro.
Sergio Camacho, a cargo de Enlace y Relaciones Políticas, afirmó que el gobernador aún no definió alianzas, aunque se afirme en off.
El titular de ADP, Fernando Mazzone, advirtió que no descarta un paro docente si el Gobierno no mejora la oferta salarial tras las vacaciones.
La decisión fue comunicada por carta documento y afecta a pacientes y trabajadores de Tisec S.R.L., la empresa prestadora. Denuncian que no hubo comunicación previa ni plan alternativo para la atención de los beneficiarios.
Trabajadores del Hospital Militar convocan a una movilización el próximo lunes 14, en rechazo a la decisión de cerrar el centro de salud, lo que dejaría a 100 empleados sin trabajo y a miles de jubilados sin atención médica.