Ivana Chañi
Para los salteños pasar la página a la intendencia de Bettina Romero no parece ser algo que pueda hacer, por lo menos en el corto plazo, por las consecuencias de las decisiones tomadas durante los cuatro años que dirigió el destino de la comuna. Tal es el caso de las polémicas fotomultas ya que, pese a las intenciones del Ejecutivo municipal de Emiliano Durand por rescindir el contrato, hacerlo significará una erogación importante para las arcas municipales.
Al respecto, en su visita a Pasaron Cosas con la conducción de Fedra Aimetta, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato se expresó sobre el elevado costo de rescindir el contrato de fotomultas vigente en la ciudad, estimado en 500 millones de pesos. Este contrato, firmado por la gestión anterior, ha generado controversia debido a la percepción de su finalidad recaudatoria. Ocho son las cámaras que contempla el contrato.
Assennato subrayó que el objetivo de la fiscalización por cámaras debe ser disuasivo y no recaudatorio. "Nos oponemos a que el sistema tenga una finalidad recaudatoria. Si escondemos cámaras o imponemos límites de velocidad irrazonables, no estamos cumpliendo con el verdadero objetivo de mejorar la seguridad vial", afirmó. Destacó, así, que la presencia de cámaras debe ser visible y bien señalizada para evitar sanciones y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.
Algunas cámaras ya instaladas en puntos clave de la ciudad, como la avenida Bolivia y el acceso a la ciudad de Norte, continuarán operando bajo estas nuevas directrices, indicó. Además, contó el funcionario que se le pidió a la empresa la instalación de dos gabinetes psicosométricos para poder hacer los estudios médicos gratuitos de audiometría y visuales para que la gente tenga un servicio más del municipio sin costo.
El Secretario detalló que la actual gestión exigió a la empresa Detectra que cumpla con nuevas condiciones, enfocadas en la seguridad vial. Entre estas, se incluye la instalación de cámaras en cruces de semáforos en rojo, el control del uso de casco en motociclistas y la vigilancia de otros comportamientos imprudentes. "No buscamos sancionar por sancionar, sino prevenir accidentes y salvar vidas", explicó Assennato.
Finalmente, Assennato reiteró que rescindir el contrato vigente implicaría un costo muy elevado para la sociedad salteña. "No somos imprudentes ni caprichosos. Mantendremos el contrato, pero bajo nuevas condiciones que prioricen la seguridad vial y no la recaudación", concluyó.
