
El juez Gorini determinó que los condenados deberán devolver $684.990.350.139,86, tal como sostuvieron los peritos de la Corte e intimó a que se pague la cifra en los próximos 10 días hábiles.
Diputados que integran la comisión de Educación recibieron a jubilados docentes autoconvocados para analizar un proyecto de Ley que apunta a garantizar la movilidad jubilatoria docente acorde a los incrementos de haberes que se ejecutan a nivel provincial.
Política14/05/2024La iniciativa establece que el ministerio de Educación en conjunto con el de Economía, trabajarán y coordinarán la presentación mensual a la ANSES, de las planillas actualizadas de las liquidaciones de haberes de la totalidad de la planta docente estatal provincial, teniendo como fin la liquidación mensual de los respectivos haberes jubilatorios.
Este planteo surge a partir de las inquietudes que manifestaron los propios docentes jubilados, que consideran que sus haberes están muy desactualizados, ya que se les aplica el índice nacional RIPDOC, que consiste en un promedio nacional que no considera las paritarias provinciales.
Es por eso que inicialmente los docentes perciben una jubilación acorde al 82 por ciento del último sueldo cobrado, pero la movilidad se atrasa con el correr de los meses y quedan desfasados con respecto a esa proporción jubilatoria fijada por ley.
Al respecto la abogada previsionalista Carola Espín, quien acompañó a los docentes jubilados, señaló que hay docentes que pudieron actualizar sus haberes en base a la movilidad provincial, pero que fue necesario que la Justicia Federal falle a su favor.
Para la abogada el problema se remonta a cuando se transfirió la Caja jubilatoria provincial a la Nación, porque si bien se estableció el 82 por ciento móvil para el sector docente, posteriormente se le aplicaron otras leyes nacionales que limitaron dicha actualización.
La letrada consideró que una posible solución puede encontrarse en el convenio que firmó el año pasado el Ministerio de Educación provincial con ANSES, para que le informe los niveles salariales de los docentes activos y tomarlos como base de las liquidaciones y reajustes de los jubilados que tengan sentencia judicial.
Es por ello que los diputados acordaron con los autoconvocados reunirse con las autoridades provinciales y regionales de ANSES, una vez que estos últimos sean designados, para avanzar en la optimización de la aplicación del actual convenio y progresar a una sistematización que se extienda al resto de los jubilados, para que no tengan la necesidad de pasar por una instancia judicial previa.
La reunión estuvo presidida por la diputada Laura Cartuccia, y participaron los legisladores Roque Cornejo, Sofía Sierra, Jorge Restom, Víctor Lamberto, Ricardo Vargas, Norberto Paz, Soledad Farfán, Gloria Seco, Nancy Jaime y José Gauffín.
El juez Gorini determinó que los condenados deberán devolver $684.990.350.139,86, tal como sostuvieron los peritos de la Corte e intimó a que se pague la cifra en los próximos 10 días hábiles.
Los apuntados son los tuiteros Gordo Dan, Fran Fijap y El Trumpista, entre otros. El escrito pide investigar sin reciben “algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”.
La Sala IV dictó una “sentencia definitiva” y suspendió la aplicación del DNU del presidente Javier Milei que limitó el derecho de huelga y amplió las actividades consideradas esenciales.
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El presidente de la SRA agradeció el gesto del Gobierno al recibir a la Mesa de Enlace pero advirtió que las condiciones actuales dificultan la actividad agropecuaria.
Guillermo Francos apuntó contra los gobernadores y ratificó que Milei no permitirá avances que comprometan el ajuste. Las iniciativas tienen media sanción y afectan el reparto del ICL y los ATN.
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Ya hay entre 70.000 y 140.000 deportaciones en solo seis meses, pero el plan va más allá: busca quitar la ciudadanía a naturalizados con antecedentes y revocar la residencia a quienes tengan Green Card si cometieron delitos.
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