
Consideró que no hubo prevaricato y que el accionar de la Corte Suprema fue legal. La denuncia apuntaba a la supuesta rapidez del fallo.
El ahora exmagistrado de Orán se acogió a la jubilación después de ser suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento por su polémica actuación en la fuga de un sicario de un clan narco de Salta.
Judiciales21/03/2024Este jueves y casi dos meses después de haber presentado su dimisión, el Gobierno de Salta, a través del Decreto N° 170 del Ministerio de Seguridad y Justicia, oficializó la renuncia del juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Edgardo Osvaldo Laurenci.
El ahora exmagistrado se acogió al beneficio jubilatorio acorralado por el Jurado de Enjuiciamiento que investigaba su actuación por la fuga del sicario Lino Moreno, condenado a perpetua por el brutal asesinato de una pequeña productora rural Liliana Ledesma en 2006. Pese a esa condena y a que tenía bastos antecedentes por fugas, el Juez le había autorizado salidas transitorias hasta que a mediados del año pasado no volvió y desde entonces se mantiene prófugo.
La actuación del ahora exjuez Laurenci quedó en el ojo de la tormenta porque se detectó que demoró meses en avisar sobre la ausencia del sicario, envió documentación errónea, lo que le permitió a Lino Moreno una ventana de casi 60 días para escapar.
Pedro García Castiella, procurador General de la Provincia, presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados una denuncia por mal desempeño de funciones. Los integrantes del Jurado entendieron que la presentación estaba fundada y en febrero de este año decidieron suspender a Laurenci y avanzar con una posible destitución.
Sin embargo, acorralado, decidió iniciar trámites jubilatorios y enviar la renuncia. Esa decisión obliga a archivar la denuncia.
“-Aceptase la renuncia presentada por el Dr. Edgardo Osvaldo Laurenci al cargo de Juez del Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán, a partir del 22 de febrero de 2024”, reza el Decreto refrendado por el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; y la secretaria de la Gobernación, Matilde López Morillo, y publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Consideró que no hubo prevaricato y que el accionar de la Corte Suprema fue legal. La denuncia apuntaba a la supuesta rapidez del fallo.
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