Apesar del rechazo de la ley ómnibus, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) continúa en vigor. Con la excepción de los artículos sujetos a intervención judicial, y mientras ambas cámaras del Congreso no rechacen el proyecto, las disposiciones del decreto afectan diversos aspectos de la sociedad argentina, incluyendo alquileres, obras sociales, medicamentos y tarjetas de crédito.
Por esta razón, el bloque de Unión por la Patria en el Senado solicitó a Victoria Villarruel que convoque a una sesión el pasado jueves. Sin embargo, la vicepresidenta aún no avanzó en esa solicitud y, sin dictamen de la Comisión Bicameral, el DNU continúa en vigencia sin fecha de tratamiento.
Ante esta situación, un grupo de representantes de distintas organizaciones presentó una denuncia penal contra Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, acusándola de estar "violando la Constitución Nacional y el Reglamento del Senado". "Victoria Villarruel está incumpliendo con su deber de convocar a sesión especial para el tratamiento del DNU", agrega.
La denuncia está firmada por Claudio Lozano (Unidad Popular Nacional), Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad), María Eva Koutsovitis (Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y Fernando Cabaleiro (Naturaleza de Derechos). Según el argumento de la denuncia, "a dos semanas del pedido no lo ha hecho. Obstaculiza el mandato constitucional y de la Ley N° 26.122 de tratamiento ‘inmediato’ del DNU".
