Irregularidades en el Pami: Referentes de La Cámpora en Salta, al banquillo

Ya tiene fecha el juicio contra Marcos Vera y Verónica Molina ex funcionarios de Anses y Pami por desviar dinero de los empleados de la obra social de los jubilados y retención de sueldos en favor de la agrupación política ligada al kirchnerismo. Además del uso de electrodomésticos destinados para los afiliados, en la campaña.

Judiciales15/11/2023Ivana ChañiIvana Chañi

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En comunicación con Aries la secretaria del Área de Casos Complejos de la Fiscalía Federal, Virginia Wierna brindó los detalles de la causa y el juicio que empezará a fines de este mes

La funcionaria judicial contó que la primera audiencia de debate será el 30 de noviembre y se estima que se extienda hasta fines de marzo porque es “una causa compleja”, son varios los testigos y está la feria judicial de por medio.

Las audiencias se realizarán todos los jueves.

Wierna recordó los detalles de la investigación que terminó en la elevación a juicio contra la exdirectora de PAMI, Verónica Molina, y el ex asesor de Anses, Marcos Vera, por pedidos de sueldo para financiar La Cámpora.

“Todos los hechos, tanto el tema de exigir el aporte que consistía en un 20 % del sueldo que ellos exigían a los empleados como una forma de devolverle el favor porque La Cámpora los hizo entrar, también el hecho de los electrodomésticos, acá se va a juzgar todo porque es parte de la misma investigación”, amplió.

Audiencia-1.jpgAmpliaron la acusación contra Vera de ANSeS, Molina del PAMI y el exconcejal Ruarte 

Wierna aclaró que los acusados no tienen las mismas imputaciones y, por lo tanto, la misma calificación.

“La exdirectora del Pami, Verónica Molina, está imputada por exacciones ilegales y malversación de caudales públicos por el tema de los electrodomésticos; por su parte Marcos Vera, también está acusado por exacciones ilegales”.

Gustavo Gerónimo Albornoz, coordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Albornoz, coordinador Ejecutivo y el ex concejal Fernando Ruarte, por lo mismo.

Cabe recordar que Aduana entregó a Pami electrodomésticos que estaban destinados para 1500 afiliados en estado de vulnerabilidad y fueron usados para la campaña electoral.

Si  bien son delitos cuyas condenas por la calificación legal que tienen pueden variar de entre los 3 y 4 años, la Secretaria del Área de Casos Complejos de la Fiscalía Federal admitió que “lo más importante es que va a recaer- por el tipo de delitos- una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos”.

“Estas personas no mostraron idoneidad para ejercer un cargo público; a mi criterio es más importante la inhabilitación que una pena de prisión efectiva”, concluyó Virginia Wierna.

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