Inhiben bienes y prohiben salir del país a implicados por sobrefacturar guantes y barbijos en pandemia

Uno de los casos más relevantes en los que se detectó una triangulación financiera para sobrefacturar la importación de guantes de latex y barbijos, bajo el pretexto de la pandemia, derivó en la inhibición general de bienes de la empresa y de todos los implicados, y en su prohibición de salida del país. Tal como informó Ámbito el 14 de septiembre de 2022, la firma Guedula SA importó 10.745.000 guantes en una operatoria irregular que logó hacerse de más de u$s4,5 millones de dólares del BCRA a valor oficial. La Justicia federal de La Plata que lleva a su cargo la investigación dispuso el jueves pasado, a pedido de la Aduana que es querellante, la inhibición general de bienes sobre la firma y contra sus responsables, Damián Chryniewiecki, Daniel Adrián Roberto, Elizabeth Celia Vallejos, Clara Graciela Ribke, Ofelia Weiss, Daniel Arnaldo Ibarguren y Víctor Javier Stolovitsky Colb. Tampoco podrán traspasar las fronteras, atento a que “habrían aplicado ganancias de presunto origen espurio, a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado -de forma indebida- divisas al exterior”.

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La investigación no es administrativa, sino penal. Es que se habría “simulado” la justificación para conseguir las divisas en importes que eran superiores a los costos comparados para la mercadería ingresada al país, para lo cual se creó un “flujo financiero ilícito trasnacional”. No solo se habría generado un circuito para fugar divisas sino también obtener ganancias ilícitas que “podrían haber sido integradas en diversos bienes y activos ubicados en el país y en el extranjero a fin de aparentar un origen lícito”. Una maniobra de lavado, además de contrabando. La postura de la querella fue apoyada por la representante del Ministerio Público Fiscal que también le pidió al juez Ernesto Kreplak la inhibición y la prohibición de salida ante el riesgo de que se sustraigan del accionar de la Justicia.

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Algunas defensas se presentaron para argumentar en contrario a que existan motivos o datos objetivos que permitan avivar la sospecha para restringir la libertad ambulatoria de los imputados. El juez -como es usual- en una resolución de nueve carillas analizó el peligro de la demora y la verosimilitud del derecho para finalmente otorgarla. Los siete implicados fueron llamados a indagatoria. “Las operaciones cuestionadas en la causa no se limitan a maniobras efectuadas en el territorio nacional y habrían sido llevadas adelante por un complejo entramado de personas físicas y jurídicas que en los albores permitieron dejar en el anonimato a sus verdaderos responsables”, subrayó Kreplak.
Todo ocurrió con el marco de la emergencia sanitaria del covid-19. Guedula SA trajo guantes y otros insumos que tenían como origen Malasia, Hong Kong y China pero que habían sido refacturados en Uruguay y Brasil. Las operaciones fueron sobrefacturadas en un 600% en comparación con igual mercadería que había ingresado a zona franca aduanera. Los giros al exterior por esas compras fueron triangulados a través de un banco con sede en Estados Unidos. Dato adicional: la mentada emergencia por la Pandemia permitía ingresar productos de uso médico que no pagaban derechos de importación.

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Los agentes especializados de la DGA-AFIP que conduce Guillermo Michel y por ARBA detectaron que mientras el precio unitario que se manejaba en otras operaciones era -en base a estudios de valor- unos u$s0,085 por par a de guantes (unos u$s8,5 por caja de 100), las de Gedula costaban u$s0,51, un 600% arriba de la media. Pero también ingresaron otros productos con similar operatoria como barbijos -hay varias causas en trámite por este tipo de irregularidad- que para el caso tuvieron una sobrefacturación de u$s1.7 millones. La Justicia penal federal investiga un monto total que supera los u$s6,2 millones.

Por eso es que la UIF activó mecanismos de intercambio de información con las unidades antilavado de Estados Unidos (FinCen) -que ya registra aportes de datos en causas penales en trámite-, de Uruguay (La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo -SENACLAFT) y de Brasil (Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiación de Terrorismo-LA/FT).

Con información de Ámbito