La Alcaidía en Salta tiene casi el triple de su capacidad: Críticas al sistema acusatorio
De una capacidad para 300 detenidos, actualmente se estiman 800 personas alojadas.
El local se encuentra en avenida Bicentenario de la Batalla de Salta y fue denunciado en reiteradas oportunidades por vecinos de la zona.
Judiciales 23/06/2023El fiscal Penal interino de la Unidad Fiscal Contravencional, Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate seguida contra Héctor Manuel Cáceres, propietario de un bar ubicado en avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta.
Cáceres fue declarado autor materialmente responsable de la infracción contravencional ruidos molestos (dos hechos), en concurso real; prevista en el artículo 72 del Código Contravencional de Salta – “Contravenciones contra la tranquilidad y el orden público”; dejando en suspenso la ejecución de la pena por el término de un año.
El Juzgado de Garantías 8 fijó como pena –en suspenso por el término de un año- el pago de 30 días multa, estableciéndose el valor del día multa el equivalente a 10 (diez) litros de nafta de mayor denominación para automóviles”; lo cual arroja la suma de 300 (trescientos) litros de nafta, monto que deberá actualizarse a la fecha del pago de la misma.
Además, en razón de tratarse de una pena en suspenso, se impuso a Cáceres reglas de conducta, entre las que se encuentran el no cometer un nuevo hecho que pueda ser considerado contravención de conformidad al Código Contravencional de Salta y la obligación de realizar un acondicionamiento del local/bar, de cerramiento total del mismo, a realizarse en el término de dos meses, a partir de que quede firme la sentencia, debiendo acreditar el cumplimiento de dicha regla con la presentación ante el Tribunal de un proyecto, en el plazo de un mes desde que la sentencia quede firme. En caso de incumplir las reglas, se revocará la condicionalidad de la pena y Cáceres deberá abonar la multa impuesta.
La intervención de la UFICON inició a raíz de las denuncias radicadas el 20 de agosto y el 22 de octubre de 2022 por una vecina de zona norte de la ciudad, que aseguró que en el bar ubicado en avenida Bicentenario de la Batalla de Salta al 2300, entre Juan B. Justo y Samsón, colocaban música a un volumen elevado hasta altas horas de la noche, lo que no sólo perturbaba su descanso sino que le ocasionaba ataques de ansiedad dado que es una persona diagnosticada con TEA (Trastorno del Espectro Autista).
La secretaria letrada de UFICON, Daniel Zuleta, derivó a mediación la causa, medida que se realizó el 5 de diciembre de 2022. Como resultado, el propietario del bar se comprometió a no colocar música a alto volumen.
Sin embargo, el 19 de diciembre, otra vecina de la zona denunció a “los propietarios/encargados del bar ya que en el local constantemente los días miércoles a sábado desde horas 22:00 a 05:00 y domingo de 12 a 16:00 ponen música a alto volumen ocasionando con esto alta contaminación auditiva, interrumpiendo el descanso de los vecinos”. El 21 de marzo de 2023 ingresó una nueva denuncia en iguales términos.
De las tareas investigativas realizadas por el Cuerpo Especializado de Investigaciones (C.E.I) respecto a los ruidos molestos denunciados, se constató las emisiones de sonidos o ruidos que perturban el reposo y la tranquilidad de los vecinos colindantes, vulnerando así el bien jurídico protegido que es la Tranquilidad y el orden público.
Teniendo en cuenta el incumplimiento de lo acordado en mediación por parte de los propietarios del bar, la fiscal penal Luján Sodero elevó la causa a juicio, instancia que concluyó ayer.
De una capacidad para 300 detenidos, actualmente se estiman 800 personas alojadas.
La Corte de Justicia de Salta dispuso dejar sin efecto parcialmente la sentencia de la Sala III del Tribunal de Impugnación, sólo en lo que concierne a Santos Clemente Vera, y bajar el Expediente a fin de que una distinta Sala del Tribunal de Impugnación, dicte una nueva sentencia.
El hombre de 23 años fue visto por personal de maestranza del establecimiento, luego de haber ingresado, escalando un alambrado. Se solicitó mantenimiento de detención.
La causa señala que en 2019, durante el último día de su gestión, Soto emitió tres cheques a nombre de la Municipalidad de Iruya que él mismo cobró. El monto retirado ascendía a $970 mil.
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