El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó la ordenanza que establece que todo funcionario municipal electo deberá realizarse cada seis meses un narcotest. Los resultados no serán públicos.
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La ordenanza fue impulsada por un concejal del oficialismo, Diego Casado, y contó con el apoyo del intendente y candidato a gobernador Martín Llaryora. También fue avalada por la mayoría de la oposición.
A nivel nacional, si bien en el Congreso hubo propuestas en el mismo sentido, nunca se avanzó más allá de las polémicas del momento: desde el pedido de Ramón Saadi para que todos los funcionarios de Carlos Menem se realizaran una rinoscopía, luego de que el expresidente le soltara la mano al clan familiar por la muerte de María Soledad Morales, hasta la denuncia de “nariguetazos” en el Congreso lanzada por el exsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, también durante el menemismo, Alberto Lestelle.
El narcotest será realizado a los funcionarios municipales electos y secretarios, directores, subdirectores y asesores deberán presentar un certificado negativo de consumo de sustancias psicotrópicas. En la provincia de Córdoba no existe una instancia similar.
La obligación se generó a partir de una modificación del Código de Ética Municipal; la iniciativa entró en el 2020 y resurgió este año. Además, se modificó el artículo 50 Bis del Código Electoral Municipal.
El Código de Ética Municipal ahora señala: “Las personas que desempeñen funciones por elección popular, intendente, viceintendente, concejales y tribunos, los secretarios y subsecretarios, directores y subdirectores, asesores o las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados están obligados a presentar ante la autoridad competente un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”.
“Quienes tenemos responsabilidades de gestión debemos hacernos el test de narcóticos, porque si tenés que dirigir la Policía o un gobierno, no puede ser que esa persona esté vinculada al narcotráfico, que es el peor de los crímenes. Si ese funcionario tiene vínculos con el narcotráfico, va a tomar decisiones distintas a las que podría tomar quienes no consumimos”, sostuvo Llaryora.
La ordenanza salió con el aval de la bancada oficialista, de la de Córdoba Cambia, Vamos Córdoba, Encuentro Vecinal, Evolución Radical y la UCR (con la abstención de la mestrista Daniel Sacchi). También se abstuvo Gabriela Paulí (Fuerza de la Gente) y lo rechazó Laura Cubas, de la izquierda.
La iniciativa fue analizada en varias oportunidades en comisión, con la participación de diferentes profesionales. A la versión original se le agregó un segundo artículo que plantea que si el funcionario no cumpliera con lo solicitado, se avanzará con los mecanismos para un abordaje integral en situación de “consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales”.
Casado, después de aprobado el proyecto, planteó: “El narcotráfico es enemigo de la buena vida, es cómplice de las peores prácticas, es inseguridad e intranquilidad. El narco es temor para las familias y una perversa falsa tentación para quienes dudan y caen en las trampas de las mafias”.
“No es admisible ni resiste discusión alguna que quien tiene responsabilidad estatal tenga vínculos con el consumo problemático de drogas. ¿Cómo podría un político enfrentar al narcotráfico en caso de ser consumidor de estas sustancias?”, añadió.
La Nación
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