Una pericia contable separa al exintendente Raúl Méndez del juicio

El Procurador reconoció que el proceso está demandando mucho trabajo contable y de análisis  criminal por parte la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos.

Si  bien se ha creado una Unidad Fiscal  para avanzar y por ello se asignó a la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos  Complejos” y el fiscal Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) porque se ha mezclado la actividad privada del Méndez con el manejo de los fondos de los recursos públicos.

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Sobre la demora en el proceso, García Castiella señaló los acusados tienen defensas y proponen a sus peritos. Tal es el caso del exintendente de Salvador Mazza quien contrató al estudio del reconocido abogado Fernando Burlando.

“Hay en esa causa una gran cantidad de dinero secuestrado entre otros objetos, 60 millones de pesos y 800 mil dólares secuestrados a plazo fijo”, precisó.

En lo que refiere al dinero, el Procurador explicó que dependerá de la sentencia una vez producido el juicio  ya que se determinará si le pertenece por derecho o si deberá ser reintegrado al municipio.

Sobre la causa

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre de 2021 contra el entonces Intendente de Salvador Mazza, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

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Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

El exintendente fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.