El fiscal federal Carlos Amad, aseguró que si bien había pedido una pena inicial de 25 años, no apelará la condena, porque todavía se debe esperar a que los fallos queden firmes, y ver como se estructurarán en relación a los años.
En comunicación con Aries el fiscal general, Carlos Amad, contó que pidió 25 años para Marcos Levín y 23 años para el resto de los imputados en perjuicio de 17 trabajadores de La Veloz del Norte durante la dictadura militar.
Juzgado y condenado, por su participación activa durante la última dictadura militar, el ex dueño de la Veloz del Norte, ahora podría recibir una segunda condena por el secuestro y tortura de 17 trabajadores. Solicitó seguir la audiencia por zoom.
Así lo anticipó el fiscal federal Carlos Amad, quien cuestionó los tiempos de la justicia, pero celebró la decisión de la Corte de revocar la anulación de Casación.
Así lo consideró la integrante de la Mesa de Derechos Humanos y hermana de Víctor Cobos, Cristina Cobos.
Lo adelantó por Aries el abogado Marcelo Arancibia, representante del empresario condenado a 12 años de prisión por detenciones ilegales y tormentos ocasionados a 16 trabajadores de La Veloz del Norte en 1977.
Así lo manifestó el fiscal federal Carlos Amad sobre la prisión dictada para Marcos Levin por delitos de lesa humanidad.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.