Condena a Levín: “Es una justicia tardía”

Cristina Cobos, integrante de la Mesa de Derechos Humanos, del Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y hermana de Víctor Cobos, habló sobre la decisión de la Corte Suprema de anular la absolución del empresario Marcos Levín, confirmándolo como partícipe de delitos de lesa humanidad por el secuestro y torturas contra el trabajador en 1977.

Por El Acople, se mostró sorprendida por el fallo ya que, según sostuvo, por la experiencia de los organismos de derechos humanos, “lo que va a la Corte, muere en la Corte”. Si bien consideró que “es una justicia tardía”, celebró el fallo dado que el nuevo juicio por los demás trabajadores, donde serán juzgados Levín, dos ex policías y un Ejecutivo, cuenta con el importante antecedente.

Lamentó, igualmente, que muchas de las 16 víctimas, solo 7 quedan con vida para buscar justicia. “Esperemos, de todas maneras, que logremos terminar la causa de La Veloz del Norte con las condenas que corresponden”, subrayó Cobos.

Recordó también que su hermano, tras ser exonerado de la empresa, sin haberle realizado ninguno de los pagos correspondientes, inició una causa civil. Sin embargo, lamentó que “la justicia está bastante parada esa causa” y manifestó: “Sabemos el poder que tiene Levin, hay mucha gente en la justicia provincial que lo quiere ayudar”.

Además, aclaro que en los juicios por delito de lesa humanidad no se solicita ningún tipo de resarcimiento económico.

Por otra parte, se refirió a los cuestionamientos de negacionistas y dijo: “Los negacionistas hace tiempo que vienen trabajando y salen a negar todo lo que decimos o hacemos”.

Explicó así que la ley de memoria tiene el objetivo de que se promuevan políticas públicas y se creen organismos donde se resguarde la documentación que evite los fundamentos falaces de nagacionistas.

En este punto, destacó la necesidad de contar con un presupuesto para el área y dar cumplimiento así a lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos respecto a la obligación de los Estados de trabajar en políticas públicas de consolidación de la memoria, además de trabajar por la reparación para las víctimas.